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lunes, 27 de febrero de 2017

El Gobierno de Macri por Horacio Rovelli

“…grandes ganancias a sectores reducidos promoviendo otra gigantesca fuga de capitales, que servirá para evadir y proteger esas ganancias en los paraísos fiscales y posiblemente, para muchas multinacionales, compensar las pérdidas que la crisis les ha producido en otros lados” Prof. Mario Rapoport

FOTO: REVISTA BARCELONA

La lógica imperante en el modelo macrista es la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficits que ellos mismos generan con endeudamiento, aprovechando la alta liquidez internacional, que a su vez es el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.

Devaluaron violentamente no bien asumieron (el dólar pasó a valer de $ 9,70 el 9 de diciembre de 2015 a $ 13,90 el 31 de enero y a $ 15,80 el 28 de febrero de 2016) y le quitaron las retenciones a las exportaciones (disminuyendo la de la soja), redujeron los impuestos internos para la compra de autos de alta gama y artículos de lujo, incrementaron fuertemente las tasas de interés, acrecentaron sideralmente las tarifas de la luz, del gas, del agua, de las comunicaciones.  Se endeudaron irresponsablemente, como gráficamente lo expresara el primer ministro de economía de Kirchner, Roberto Lavagna: “El Kirchnerismo para resolver 90 mil millones de dólares, emitieron 35 mil, el gobierno de Macri para resolver menos de 5 mil millones, emite 12.500 millones”.

Y hacia el futuro inmediato, en la ley 27.260 que va a permitir pagar jubilaciones extraordinarias a costa de todo el sistema previsional, reduce severa y tajantemente el impuesto a los Bienes Personales (patrimonio de las personas), eliminan a partir del año 2019 el impuesto a los activos de las empresas (Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), derogan el impuesto a los dividendos (ganancias) por la compraventa de acciones en mercados financieros del exterior, permiten un “blanqueo” sin la obligación de repatriar los capitales no declarados, y como postre para terminar de desfinanciar el sistema, la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.

En efecto la ley ómnibus recorta beneficios a quienes tienen sentencia firme y a quienes están litigando, puede desatar miles de juicios de aquellos que no fueron contra el Estado y ahora ven la posibilidad de obtener un resarcimiento por esa vía -para lo cual tienen todo el derecho-, expulsa de la jubilación plena a quienes fueron víctimas del trabajo en negro y no pudieron completar aportes, especialmente a las mujeres, consume la rentabilidad del FGS, que no podrá utilizarse para otros fines, y compromete la sustentabilidad del sistema jubilatorio en su conjunto al asumir compromisos que no se sabe si se podrán cumplir. Paralelamente la propuesta de blanqueo de capitales en medio del descubrimiento de cuentas offshore en Panamá y Bahamas entre las que figura el Presidente, su familia, y otros funcionarios del gobierno y del partido político que lo llevo a la presidencia, es coherente y se amalgama con la posibilidad de vender las acciones de empresas privadas en poder de la ANSES a partir de la nacionalización de las AFJP. Entre otras con acciones en poder de la ANSES figuran empresas del grupo Techint (Siderar); de Aluar; el 9% del paquete accionario del Grupo Clarín; Molinos Río de la Plata; las empresas distribuidora de gas; de energía eléctrica; Endesa; Cresud; Central Puerto SA; IRSA; Ledesma SA; Alpargatas SA; Solvay; Quickfood; Consultatio; Holcim;  y Mirgor.  Y los bancos Macro (con el 24,6% del paquete accionario), BBVA Francés, Banco Patagonia, Galicia, e Hipotecario, el volumen de acciones en poder del organismo dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) superarían a septiembre de 2016 los $ 90.000 millones, que indefectiblemente será utilizados para ese fin.

Una clara muestra de la irresponsabilidad, desconocimiento e improvisación del gobierno es la Resolución 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería por la que se aprobó un nuevo cuadro tarifario para la boca de pozo del gas incrementando el Millón BTU de U$s 2,60 a U$s 4,50 o U$s 5.- según la cuenca, que sumado al precio de los distribuidores y a la devaluación realizada implicó un aumento sideral de las tarifas, que al no ser convalidado por la Corte Suprema de Justicia al no haberse realizado las correspondientes audiencias públicas, tuvieron que frenar, pero es obvio que tienen toda la intención de una manera u otra de aplicarlo y así lo hacen subrepticiamente y lo plasmarán en el año 2017, sobre todo después de las elecciones de medio término de ese año.

El gobierno de Macri solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, no existe y en ese marco no puede existir proyectos de inversión productiva,  se prioriza lo financiero, a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que  condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo.

Se realizó una importante depreciación de nuestra moneda y como las grandes empresas formadoras de precios los acrecentaron, el incremento de los mismos absorbió gran parte del ajuste cambiario inicial de modo tal que en enero de 2017 el valor del dólar favorece la compra en el exterior de bienes finales (sobre todo de consumo y de consumo para los sectores más pudientes de la sociedad, como lo demuestra la importación record de autos de alta gama del año 2016).

La administración de Macri busca consolidar un modelo de acumulación a favor del gran capital (nacional y extranjero). Posibilita la fuga de capitales, de allí que el 16 de diciembre de 2015 eliminaron el mal llamado “cepo” cambiario y permiten cada vez más y mayores compras de divisas a particulares y a empresas (que Argentino de a pie puede adquirir U$s 5.000.000.- por mes), generando una fuerte caída del consumo popular (y con ello del Producto Bruto Interno) e incrementando el déficit fiscal y comercial que cubren con un cada vez mayor endeudamiento, camino que, como se ha dicho y a demostrado la historia de nuestro país, solo sirve para enriquecer a la minoría dominante, y a su vez los deja a ellos como únicos contactos y confiables al capital extranjeros para renovar esos créditos que se emplean mal (en realidad se convierte en el vehículo de la fuga de capitales) y que no se necesitan.

El final de la película ya lo conocemos, nos lo dice la historia y lo hemos vivido, en la crisis de 1890 y de 1930, y que tras el golpe militar de 1976 se acorta en períodos de siete años promedio: 1982, 1989, 1995, 2001/2 y que por el gobierno de los Kirchner de defensa del mercado interno no se había hecho presente pero que si lo será en un futuro inmediato por las condiciones creadas por la administración macrista.

La voluntad política expresada por el Presidente de llevar a la Argentina a la Alianza del Pacífico, un bloque que se caracteriza por sus elevados niveles de apertura a las importaciones, y a un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, demuestra que no solo no se defiende el mercado interno, sino que se obliga a nuestra industria a competir en forma desigual propiciando el cierre y fusión por absorción por grandes empresas, esencialmente extranjeras. Si sabemos que las pymes son las principales creadoras de puesto de trabajo se vislumbra lo mismo que antes fue, desocupación y crisis para obligar a reducir los salarios en moneda dura.

La mentira de la productividad y de la necesidad de la economía de escala nace de la misma debilidad ideológica del macrismo, de no defender el mercado interno y el trabajo nacional, creyendo en la perogrullada de las leyes del mercado. El mercado por definición es donde se unen oferentes y demandantes de un mismo bien o servicios, sin tener en cuenta la magnitud de uno y otro, por ende, en una economía abierta como la nuestra, donde existen grandes operadores (tanto para la compra como para la venta) los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los factores de producción (trabajo, máquinas y equipos, insumos, energía, etc.) quedan determinados por los capitales más importantes. La única lógica que conocen los capitales es la de generar la mayor tasa de ganancia, y en el caso del capital financiero, que la misma se obtenga en el menor tiempo posible, por ende se supedita lo que vamos a producir, cómo, de qué modo, como juega en ello nuestra fuerza de trabajo, nuestra inserción en el mundo, nuestro presente y nuestro futuro (e incluso la lectura del pasado) en esa lógica primaria, elemental,  casi secreta, donde la primacía la determinan esos grandes capitales que solo ingresan al país si se le asegura (de allí la confianza de los mercados y la seguridad jurídica que propician) el cumplimiento estricto de la maximización de la ganancia y la minimización de los costos.

En esa lógica la tasa de interés es decisiva y fundamental, solo se emprende aquellos proyectos de inversión que superen la tasa de interés (con lo que se supedita la economía real a la financiera),  lo que se agrava porque paralelamente, la tasa de interés de la deuda es mayor que la tasa de crecimiento de la economía en dólares con lo que es inexorable el crecimiento del peso de la deuda sobre el PBI, entonces el “alegre” endeudamiento que incurre el gobierno debe pagarse con un PIB que no crece, por un lado, y por el otro nos preguntamos: Qué proyectos de balance comercial positivo hay detrás de cada esquema de financiamiento que “alegremente” se obtiene; de otro modo no se puede pagar la deuda y menos pagar las importaciones necesarias, con lo que el modelo es insustentable, dura mientras no se deba hacer frente a los servicios de una deuda cada vez mayor y asfixiante.  La apariencia de equilibrio y generación de negocios persiste mientras ingresan capitales[26], y se puedan cancelar y renegociar títulos de deuda, pero una vez agotada las ventas de activos públicos (por ejemplo la venta de la participación del Estado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS)  y privados, el ingreso de blanqueos y condonaciones de todo tipo, presionar a las provincias para facilitar y ampliar la compra de tierras por empresas extranjeras, después de esos ingresos, como pasó con las privatizaciones de Menem y Cavallo, queda un modelo incapaz de sustituir importaciones y producir bienes con alto valor agregado.

Ingresan dólares financieros (deuda, blanqueo de capitales, extranjerización de la economía) pero en forma sistemática las importaciones superan a las exportaciones y a la vez, se debe hacer frente al cada vez mayor pago de los intereses del endeudamiento, con lo que se incurre en un déficit cada vez mayor de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que, como ha pasado en el año 2001, por más renovación de deuda y/o plan canje que presenten, los acreedores impondrán peores condiciones y mayores tasas de interés, hasta que llega un momento en que se retiran en bandada.

Si a todo lo dicho le sumamos el accionar del Banco Central bajo la presidencia de Federico Sturzenegger, de fijar metas inflacionarias y que se readecue toda la economía a las mismas, en la creencia que al restringir la cantidad van a limitar el crecimiento de los precios, sin contemplar que los que fijan los precios son los grandes empresarios que tienen mercado cautivo o semi cautivo, como son los  casos, por ejemplo, de los combustibles o el de generación y distribución del gas o de la electricidad.

Que dicha esterilización de dinero se sostiene colocando títulos de deuda del BCRA para absorber liquidez, y que implementó el gobierno anterior para financiar al Tesoro de la Nación, en cambio el macrismo, aun endeudándose para subir artificialmente las reservas internacionales, esterilizan al 28/12/2016, siempre según datos oficiales, el 77,52% de la base monetaria (que es la cantidad de dinero creada y puesta en circulación por el BCRA), solo para que el mismo no vaya al público, ya sea para el consumo (lo que subiría la inflación en su mentalidad), o a la compra de divisas. Las LEBAC – Letras del BCRA- totalizan al 28/12/2016 la suma de $ 629.320 millones, cuando la Base Monetaria a esa fecha era de $ 811.800 millones, y se incrementaron en ese lapso en un 112,5% (Las LEBAC totalizaban al 09/12/2015 la suma de $ 296.181 millones).

Es por eso que, en lo inmediato, en el día a día, la administración de Macri trata de frenar la inflación con endeudamiento (externo e interno) y colocando Letras del Banco Central (LEBAC) a tasas astronómicas, incrementando exponencialmente la deuda externa e interna del Gobierno[27].  Trampa generada por ellos mismos, por su propia concepción e impericia, el ejemplo de las LEBAC (que comenzaron con una tasa del 35,25% el martes 24 de mayo 2016), y va descendiendo paulatinamente (el 31/08/2016 cortó a 28,25% anual para el plazo de los 35 días y al 28/12/2016 lo hizo al 24,75%) y no puede ser menor porque en el mercado a futuro del ROFEX (Mercado cerealero de Rosario) está acordado el valor del dólar a $ 17,90 para julio de 2017 y de $ 19,35 para noviembre 2017, cuando el valor tipo vendedor del día 28/12/2016 fue de $ 16,15, de allí se desprende que  la tasa anualizada de las LEBAC debe ser mayor que la depreciación esperada punta contra punta, de 12,5% para julio 2017 y del 21% para noviembre 2017.

En síntesis, en un año de gestión como Presidente de la República de Mauricio Macri se ejecutó una brutal transferencia de ingresos a favor de los que más tienen a través, primero, de la combinación de la devaluación y la quita y/o reducción de las retenciones a los grandes productores y comercializadores de granos, y a las empresas mineras; segundo,  durante el año beneficiando al  capital financiero con las LEBAC (Letras del BCRA) y otros activos púbicos con tasas de interés mayor que la depreciación del dólar (Por ejemplo las LEBAC pagaron en promedio en el año 2016 una tasa cercana al 32% anual y el dólar punta contra punta se incrementó solamente el 21%); y tercero y fundamental, a  las grandes empresas que subieron sus precios en torno al 50% castigando a la población y a  las Pymes que deben comprarle insumos a ese valor y/o venderle a precio vil (acero, aluminio, petroquímica, cemento, gas, electricidad, combustibles, el precio a la población de la leche, de la carne, de la harina, de la yerba, del aceite, de los medicamentos, etc. etc.) .

En ese marco la economía cayó fuertemente (no menos del 3% del PIB como quiera medírselo), se perdió riqueza por un valor equivalente a no menos de U$S 16.500 millones, pero como hubo puntuales beneficiados por la transferencia de ingresos como dijimos en el primer párrafo, es claro que el resto de la población, la Argentina de a pie, perdió lo que ganaron los otros, más la caída del PIB.

Un año de gestión y genera graves problemas en las economías regionales, lo demuestran los cierres de tambos, el “regalo” desesperado o dejar que la planta se pudra de los pequeños y medianos productores de la fruta y de las hortalizas y verduras ante los precios menores que los costos por la suba del combustible y demás insumos; 190.000 despedidos formales (trabajo en blanco con aportes previsionales y sociales) en el año (unos 122.000 puestos en el sector privado -industria, construcción, comercio, etc.-. y unos 68.000 en el sector público nacional, provincial y municipal), sin  contar la suspensiones, vacaciones anticipadas, reducciones de horas de trabajo, eliminación de las horas extras, etc. etc. que suman personas de a miles; caída en la Inversión Bruta Interna Fija que perforó el piso del 18% del PIB; caída del consumo (y de las ventas);  las exportaciones se mantuvieron gracias a que sabiendo la devaluación de más del 40% del inicio de la gestión de Macri (un dólar de $ 9,70 al 9 de diciembre de 2015 a $ 13,90 al 31 de  enero y de $ 15,80.- al 28 de febrero de 2016) se vendió parte de la cosecha retenida, pero las importaciones crecieron más (y sobre todo de bienes finales lo que compite con nuestra producción).

En ese marco cuál es la prioridad del gobierno, bien por un lado y a través del Comunicado “A” 6128 del BCRA le permite a las entidades financieras incrementar la tenencia de dólares del 15 al 25% de su patrimonio;  por otra parte, no bien asumió Macri le autorizó a las empresas exportadoras tomarse hasta 365 días para liquidar una operación, ahora y desde el primer día hábil de 2017, primero las exportadoras de servicios (royalties o patente, turismo, servicios profesionales de todo tipo, correo, fletes, seguros, etc.) no tienen ningún límite de tiempo para ingresar al país los dólares que reciben por esos servicios, y después los exportadores de mercancías (bienes) tienen hasta 10 –diez – años para liquidar sus exportaciones en el mercado local (pasar de divisas a pesos); finalmente, como regalo de fin de año, le reconoce y le paga a TRASENER SA (donde tiene participación el Estado y también EDENOR del grupo Mindlin) la suma de $ 2.014 millones, y a las distribuidoras de gas (Metrogas, Litoralgas, Gasnor, Gasnea, Gas Natural Ban, Gas del Centro, Gas Cuyana, Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi gas Pampeana) le transfiere $ 3.450 millones por no haber podido ajustar las tarifas todo lo que las mismas pedían.

Por supuesto que semejante dislate y muestra cabal de incompetencia de la administración de Macri, se refleja en:

a) Un déficit fiscal de $ 544.000 millones, esto es aproximadamente U$s 34.000 millones, el 6,2% del PIB. La administración de Macri Incrementó el presupuesto original en un 46% (por supuesto que encima sub ejecutó en salud, en educación,  y en obra pública), y lo hizo sobre todo en el rubro deuda, en donde los intereses de la misma sumaron $156.872 millones en once meses, un 93,4% más que lo devengado un año atrás, de acuerdo a las cifras de ASAP,  monto que no pudo ser compensado por el ingreso de las multas del blanqueo de $ 82.000 millones (Unos U$s 5.100 millones, aproximadamente el 1% del PIB). Que la mayor parte del ingreso de la multa del blanqueo de capitales se destine al pago de los ajustes de los haberes de jubilados y pensionados forma parte del gasto público, donde obviamente se incrementó también las erogaciones previsionales, sin que ello signifique una mejora para los que menos ganan (también allí el sello de clase de Macri).

b) La deuda cuasi fiscal de la gestión de Macri, reflejado en la LEBAC (Letras del BCRA) asciende a $ 333.139 millones, con lo cual el pasivo no monetario del BCRA al 28/12/2016 es de $629.320 millones, convertidos a dólares aproximadamente unos U$s 39.300 millones (el 7% del PIB) que devengó intereses este año por el equivalente a U$s 11.000 millones (suma mayor de lo que ingresó al fisco nacional por la multa del blanqueo de capitales)

La suma del déficit fiscal (6,2% del PIB) y de la deuda cuasi fiscal o del BCRA (7% del PIB) asciende a 13,2% del producto bruto interno, de los cuales la gestión de Macri es responsable del aumento en un 5,4% del PIB  y también, obviamente,  que el mismo descienda no menos de 3% en el año 2016.

c) Deuda: La deuda contraída por el gobierno de Macri del año 2016, tanto en pesos como en dólares, pero convertida toda en divisas norteamericanas al tipo de cambio oficial, implican:
1) Intereses de las LEBAC por no menos de U$s 11.000 millones
2) Déficit Fiscal del año 2016 por el equivalente a U$S 34.000 millones
3) Reconocimiento y pago de deudas con los fondos buitres y otros por U$s 18.655 millones
4) Se le resta la multa ingresada por el “Blanqueo” de capitales de $ 82.000 millones en su equivalente en dólares de U$s 5.100 millones

Lo que conforma un total de deuda nueva por U$s 58.500 millones como mínimo, cuando la deuda al 31/12/2015 reconocida por el gobierno de Macri y publicada en la página web de la Secretaría de Finanzas de la Nación ascendía a U$S 222.703 millones (de los cuales casi el 57% era deuda intra sector público nacional), por lo que en un año aumentó el endeudamiento externo en un 26%

También, obviamente, es impensable que se pueda volver a repetir, primero porque ahora el nivel de deuda es mayor; segundo el ingreso de la multas del “blanqueo” es por una sola vez; y tercero y el más importante dato, que el riesgo de devolución de los créditos se incrementa potencialmente cuando la suma de los déficit fiscal y de la deuda cuasi fiscal supera el 13% del PIB para un país como la Argentina, que tiene déficit en su cuenta corriente de la Balanza de Pagos y que su población tiene en cuenta que el valor del dólar (su tipo de cambio de referencia) está atrasado y que son mucho más baratos los productos de los países vecinos y persistentemente compran dólares como ahorro, como lo demuestra los U$s 26.060 Millones adquiridos en el año 2016 que nos informa el MULC (Mercado Único y Libre de Cambio de la Argentina).

Esa compra sistemática de dólares por la población local explica porque ante semejante deuda contraída y la colocación de LEBAC para captar divisas, sin embargo las reservas internacionales del BCRA (siempre usando los número oficiales) han aumentado solamente en U$s 14.112 millones, cuando solamente tomando en cuenta los LEBAC, dichos títulos lo hicieron en $ 333.139 millones que es el equivalente a U$s 21.000 millones, quiere decir que si los bancos dan señales de deshacer su posición en LEBAC, el efecto de la corrida cambiaria sería el fin de las metas inflacionarias y cuantas estupideces repite el exotérico presidente del BCRA.


Si realmente se quiere propiciar el crecimiento de la economía la consistencia macroeconómica fundamental es la combinación de un tipo de cambio alto con bajas tasas de interés, como lo demuestran los países asiáticos que crecen a tasas sostenidas: China, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia, etc., exactamente a la inversa del modelo macrista.

Las inconsistencias del modelo propiciado por la administración de Macri generan un proceso de retroceso perpetuo, en el que desciende aún más la elasticidad empleo –producto, ante un PIB que decrece y genera una mayor tasa de desocupación; se ahoga a las Pymes de todo tipo y a las economías regionales, lo que impacta negativamente sobre el empleo y las cadenas de pago; y ante la menor actividad, cae la recaudación tributaria y se agranda el déficit fiscal.

El economista y Presidente del Banco Central de Chile cuando era Presidente Salvador Allende, Dr. Carlos Matus  sostenía:  “El mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos; es sordo a las necesidades de los individuos y sólo reconoce las demandas respaldadas con dinero; el hambre sin ingresos no vale; es deficiente para dar cuenta de las llamadas economías externas, es decir cuando hay costos o beneficios indirectos; es incapaz de lograr el equilibrio macroeconómico; opera torpemente cuando en el sistema dominan los monopolios, se cierra la entrada a nuevos competidores y las economías de escala son discontinuas; no puede lidiar contra la falta de patriotismo, la corrupción y la deshonestidad; distribuye mal el ingreso nacional y puede hacer más ricos a los ricos a costa de los pobres, etc.”.

En cambio, la administración pública es totalmente distinta a lo planteado por los devotos del Mercado. La política económica en el sentido amplio de la palabra es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos para orientar, influir y/o conducir la economía de los países, y como toda estrategia debe responder a un plan global, esto es grandes objetivos y las distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con esos objetivos. No existe Estado sin fijar metas, que son en sí misma la esencia del diseño del proceso de planificación de un gobierno, ya que al orientar su gestión le permiten alcanzar sus objetivos. Son parte también de la compleja inter relación de las políticas públicas como instrumentos para alcanzar los fines.

En la teoría económica existen dos grandes escuelas, la llamada neoclásica, liberal o marginalista que determina la asignación de recursos por el mercado, y la keynesiana, que es una apología y propuesta de intervención pública directa en materia de gasto, poniendo en manos de las autoridades públicas, quienes son los que realmente tienen medios y posibilidades de realizar un cálculo más racional y ajustado de la eficiencia marginal del capital, las decisiones de inversión de la economía. John M. Keynes (1883-1946) va a afirmar: “Por tanto, en condiciones de laissez faire (mercado libre), quizá sea imposible evitar las fluctuaciones amplias en la ocupación sin un cambio trascendental en la psicología de los mercados de inversión, cambio que no hay razón para esperar que ocurra. En conclusión, afirmo que el deber de ordenar el volumen actual de la inversión no puede dejarse con garantías de seguridad en manos de los particulares”.

Y sin embargo los empresarios que operan en nuestro país ganaron mucha plata por la ampliación del mercado local y por los acuerdos con la región, la tasa de ganancia fue óptima, pero en lugar de aumentar la oferta (y para ello la inversión),  prefirieron aumentar los precios y fugar capitales, porque nuestros sectores dominantes, del cual el actual Presidente argentino es hijo, piensan en un país para ellos, que no limite sus ganancias, y prefieren subordinarse al capital extranjero a que los negros de este país tengan un mejor nivel de vida, que estudien y se capaciten, siempre tienen el miedo de que se organicen y le disputen el poder, como le dijo Elbio Cohelo a James Petra, y ahora acrecentado por el miedo a no poder competir, lo que refuerza su lógica dependentista y subordinada al capital extranjero.

El modelo de negocios para pocos y a costa de la producción y el trabajo, que se representa como el predominio del capital financiero sobre el productivo, genera siempre el mismo resultado. El profesor Joseph Stiglitz, de la Universidad de Columbia (EEUU), refiriéndose a su país sostiene que el uno por ciento (1%)  de los estadounidenses recibe casi una cuarta parte de la renta (ingreso) de la nación cada año, y si se habla de riqueza en vez de renta, el uno por ciento (1%) de la población detenta el 40 por ciento (40%) de la riqueza, mientras crece la desocupación y la pobreza, fruto de que han ido trasladando la producción fuera de los EEUU (disminuyendo año tras año la inversión en máquinas y equipos) y un sistema financiero e impositivo que es funcional a la cada vez más desigual distribución del ingreso.

El mismo Stiglitz sostiene comparándolo con la caída de los emperadores romanos o los sátrapas persas (de antes, de ahora y de siempre) que en su país el uno por ciento (1%)  de la población tiene las mejores casas, la mejor educación, los mejores médicos, y los mejores estilos de vida. Pero hay una cosa que el dinero no parece haber comprado: el entendimiento de que su destino está ligado a cómo vive el noventa y nueve por ciento  (99%) restante de la población. A lo largo de la historia, esto es algo que el uno por ciento (1%) aprende con el tiempo. Demasiado tarde.

El modelo macrista genera un país para pocos que copia lo peor de los países desarrollados, con fuerte caída del PIB, lo que arrastra menor recaudación fiscal y que rompe el supuesto círculo virtuoso entre las mayores exportaciones por la devaluación y quita de retenciones, ante un país que decrece no invierte y fuga capitales.

Macri y los sectores dominantes de la Argentina conforman una sociedad donde la marginación, la pobreza, la ignorancia y el miedo, les permita a que ellos, que ven un mundo cada vez más global, abierto e integrado, se subordinen y asocien como socios menores al gran capital internacional y la sociedad se modele a su gusto y semejanza, eso explica el “alegre” endeudamiento, la destrucción del sistema previsional para beneficiar a una minoría a costa de la mayoría de los jubilados y pensionados del país, la desprotección al mercado interno, las nuevas normas de flexibilización laboral, el “blanqueo” de capitales, la extranjerización de la tierra, etc. etc.

Pero el costo es una economía concentrada, que le deja los principales resortes de la producción y distribución a las grandes empresas (cada vez más extranjeras), que van a crecer integrándose al resto de su cadena internacional, pero que va a excluir por su propio accionar a la producción local, esencialmente las pymes y las economías regionales, dado que van a invertir en los sectores más redituables con que cuenta la Argentina.

Ese tipo de producción de enclave implica crecimiento para el sector elegido que observando las empresas y sectores referidos podemos apreciar cuales son, pero no hay respuesta de consideración para el resto de las actividades, más allá de un limitado multiplicador por la necesidad de trabajos e insumos locales.

Paralelamente, los salarios estarán siempre compitiendo en moneda dura con los salarios de Brasil o de México u otro país de la región que sea alternativa de inversión. Y solo pueden crecer siempre y cuando no se incurra en déficit en la cuenta corriente, y para ello se necesita que el precio de la soja y demás bienes primarios que vendemos y el volumen vendido sea un porcentaje mayor que el crecimiento de las importaciones, lo que genera un doble cerrojo al proceso de recuperación salarial, conformado por: Primero que no supere el salario medio industrial de Brasil ó México[28] (y otro u otros países alternativos en cuanto a inversión), y segundo, que las exportaciones puedan pagar las crecientes importaciones por el gusto de los sectores de mayores ingresos que quieren autos, embarcaciones, whisky, jamón, perfumes, productos electrónicos importados y por la destrucción de las industrias nacionales que se animaban a producirlos, más la lógica de las grandes empresas trasnacionales que con su integración empresarial toman en cuenta en segundo término las condiciones de desarrollo del país.

En este marco avizoramos una sociedad en el futuro inmediato más dual, con un Estado más limitado para poder apuntalar al resto de la economía y de la sociedad, con una clara concentración en los mercados, con un sector que se le capacitará e invertirá en tecnología, pero tanto la actividad como ese sector será determinado por grandes empresarios, esencialmente extranjeros y subordinados al capital financiero.

Vemos también otra economía que subsistirá en base al mercado interno, que ya no va a ser el centro del modelo (como le fue durante el kirchnerismo originario), siempre y cuando no implique crecimiento de significación de las importaciones (la restricción externa perdurará y se profundizará), y fundamentalmente primará la lógica del capital financiero donde la tasa de interés vuelve a ser determinante de la inversión, del tipo de cambio, y de los salarios.

En síntesis, para ver la economía que se viene en los próximos años, es una que le permite a las empresas trasnacionales y grandes nacionales obtener una tasa de ganancia y una valorización de sus activos en moneda dura, superior a la que venían teniendo en el país y a la que impera en el mundo.  En ese marco no son muchos los sectores que se van a beneficiar con la inversión, y si en cambio una parte importante del país y de la población llevará adelante una economía de subsistencia, que nunca es digna.

[26] Y paradójicamente el ingreso de capital financiero hace que se atrase sistemáticamente el valor del dólar, que es superado por los precios y por la tasa de interés, lo que favorece la compra de productos importados llegando  al ridiculez de comprar latas de granos de choclo de Francia, naranjas de España, o frutilla de Polonia, lo que no solo compite deslealmente con nuestra producción, sino que distorsiona todos los precios relativos y hace que la cuenta de capital financie las importaciones y los intereses de la deuda

[27] Amén de que se toma la tasa que pagan las LEBAC, como interés piso para los créditos.

[28] Que a agosto de 2016 en promedio el salario del peón industrial de esos países es el 60% medido en dólares, que en la Argentina.

FUENTE
REVISTA LA BARRACA
ARTICULO: "Una burguesía nacional rentista y subordinada al capitalismo internacional"
17/02/17

jueves, 28 de abril de 2016

Derrotas y victorias por Alvaro García Linera

Cuando uno arroja una piedra a un vaso de cristal y éste se quiebra, a veces surge la pregunta ¿por qué se rompe el vaso? ¿Es por culpa de la piedra que lo impactó? ¿O porque el vaso es rompible y luego entonces la piedra lo fragmenta? Es una pregunta que solía plantearla el sociólogo Pierre Bourdieu para explicar que solo la segunda posibilidad era la correcta, porque te permitía ver, en la configuración interna del objeto, las condiciones de su devenir.


En el caso del referéndum del 21 de febrero, no cabe duda que hubo una campaña política orquestada por asesores extranjeros. Las visitas clandestinas de la ONG NDI, dependiente del Departamento de Estado, sus cursos de preparación de activistas cibernéticos, los continuos viajes de los jefes de oposición a Nueva York —no precisamente a disfrutar del invierno—, hablan de una planificación externa que tuvo su influencia. Pero así como la piedra arrojada hacia el vaso, esta acción externa solo pudo tener efecto debido a las condiciones internas del proceso político boliviano, que es preciso analizar.

CLASES. 1. La nueva estructura de las clases sociales

Que en 10 años el 20% de la población boliviana haya pasado de la extrema pobreza a la clase media es un hecho de justicia y un récord de ascenso social, pero también de desclasamiento y reenclasamiento social, que modifica toda la arquitectura de las clases sociales en Bolivia. Si a ello sumamos que en la misma década de oro la diferencia entre los más ricos y los más pobres se redujo de 128 a 39 veces; que la blanquitud social ha dejado de ser un “plus”, un capital de ascenso social y que hoy más bien la indianitud se está consagrando como el nuevo capital étnico que habilita el acceso a la administración pública y al reconocimiento, nos referimos a que la composición boliviana de clases sociales se ha reconfigurado y, con ello, las sensibilidades colectivas, o lo que Antonio Gramsci llama el sentido común, el modo de organizar y recepcionar el mundo, es distinto al que prevalecía a inicios del siglo XXI.

Las clases sociales populares de hoy no son las mismas que aquellas que llevaron adelante la insurrección de 2003. Los regantes controlan sus sistemas de agua; los mineros y fabriles han multiplicado su salario por cinco; los alteños, que pelearon por el gas, ahora tienen, en un 80%, gas a domicilio; las comunidades campesinas e indígenas tienen seis veces más cantidad de tierra que todo el sector empresarial; y los aymaras y quechas, marginados por su identidad indígena en el pasado, son los que ahora conducen la indianización del Estado boliviano. Hay, por tanto, un poder económico y político democratizado en la base popular, que modifica los métodos de lucha sociales para ser atendido por el Estado. Paralelamente, la urbanización se ha incrementado pero, ante todo, los servicios urbanos de educación, salud, comunicación y transporte se han expandido en las áreas rurales ampliando los procesos de individuación de las nuevas generaciones, diversificando las fuentes de información y de construcción de opinión pública regionalizada más allá del sindicato o la asamblea. Si a ello añadimos el hecho de que pasada la etapa del ascenso social insurreccional (2003-2009), inevitablemente viene un reflujo social, un repliegue corporativo que debilita a las organizaciones sociales y a su producción de un horizonte universal, entonces es normal un periodo de despolitización social, que disminuye la centralidad sindical como núcleo privilegiado de construcción de la opinión publica popular, para ampliarla a una pluralidad de fuentes como los medios de comunicación, la gestión estatal, las redes sociales, etc.

La comunidad nacional en lucha contra las privatizaciones, la comunidad nacional despojada de sus recursos y que reclama su reconquista, o la comunidad dolorosa de las víctimas de la matanza de octubre de 2003, que fueron la base del ascenso revolucionario entre 2000 y 2006, han dado lugar a otro tipo de comunidades reivindicativas más dispersas regionalmente, más afincadas en la gestión de proyectos de desarrollo o de expectativas educativas de carácter individual. Se trata de comunidades de tipo virtual o mediáticas que no solo modifican los métodos de lucha sino también los contenidos mismos de lucha, las percepciones sobre lo deseado, lo necesario y lo común.

Estamos, por tanto, no solo ante una nueva estructura de clases, sino también ante nuevos marcos culturales de movilización y de percepción del mundo. Por todo ello, la convocatoria del sindicato o de la comunidad convertida en capital electoral en 2005 o en 2009, que irradió a sectores de la sociedad civil individuada, hoy no son suficientes para producir el mismo efecto electoral. Sin duda, el mundo sindical obrero, campesino-indígena y vecinal pobre continúa siendo el bastión más sólido y leal del proceso de cambio —y esto se ha verificado nuevamente en la última elección con gestos tan extraordinarios como la donación de una mita por parte del proletariado minero de Huanuni para la campaña—, pero ya no tiene el mismo efecto irradiador de antes. Han surgido otras colectividades sociales entre las clases populares y en las diversas clases medias de origen popular, más volátiles, por residencia, por estudio o por comunidad virtual, que se mueven por otros referentes e intereses, muchas veces de carácter individual. Como gobierno revolucionario habíamos ayudado a cambiar al mundo; sin embargo, en la acción electoral, en una parte de nuestras acciones, seguíamos aún actuando como si el mundo no hubiera cambiado. Acudimos a medios de movilización y de información insuficientes para la nueva estructura social de clases y, en algunas ocasiones, empleamos marcos interpretativos del mundo que ya no correspondían al actual momento social.

LIDERAZGO. 2. Hegemonía no es lo mismo que continuidad de liderazgo

La fortaleza de un proceso revolucionario radica en instaurar una matriz explicativa del mundo en medio de la cual las personas, las clases dominantes y las clases dominadas, organizan su vida cotidiana y su futuro.

Durkheim llamaba a esto las estructuras del conformismo moral y conformismo lógico de la vida en común. Y el bloque social dirigente capaz de conducir activamente estas estructuras se constituye en un bloque social hegemónico. El proceso de cambio creó una matriz explicativa y organizadora del mundo: Estado plurinacional, igualdad de naciones y pueblos indígenas, economía plural con liderazgo estatal, autonomías. Hoy, izquierdas y derechas se mueven en torno a esos parámetros interpretativos que regulan el campo de lo posible y lo deseado socialmente aceptado. Hoy, la gente de a pie construye sus proyectos personales y expectativas en torno a estos componentes potenciados hacia el futuro a través de la Agenda Patriótica 2025, y no tiene al frente ningún otro proyecto de Estado y de economía que le haga sombra. En ese sentido, hablamos de un campo político unipolar. El que el presidente Evo tenga una popularidad y apoyo a la gestión de gobierno que bordea el 80%, según las encuestas hechas en plena campaña por el referéndum, constata este hecho hegemónico.

Sin embargo, cuando a los entrevistados se les consulta si están de acuerdo con una nueva postulación, solo la mitad de los que apoyan la gestión responde positivamente. El apego al proyecto de Estado, economía y sociedad no es similar al apoyo a la repostulación o, si se quiere, hegemonía no es directamente sinónimo de continuidad de liderazgo.

Es posible que haya pesado la desconfianza normal hacia una gestión muy larga; también es posible que algunas personas pensaran que en el referéndum volvían a reelegir a Evo, creyéndolo innecesario después de ya haberlo elegido en 2014. En todo caso, sobre ese espacio de votantes que daban su apoyo a la gestión de Evo, pero no a su repostulación, se centró toda la artillería de la campaña, tanto de la oposición como del partido gobernante. La oposición se montó rápidamente en una matriz de opinión larvaria, pero trabajada desde hace años con el apoyo de agencias internacionales, referida a que los gobiernos de izquierda revolucionarios son “autoritarios”, “abusivos”, quieren “eternizarse”, etc. Y, entonces, la repostulación fue rápidamente ensamblada a la lógica de una manifestación que confirmaba el “abuso”, el “autoritarismo” etc. Algunos izquierdistas de “cafetín” se sumaron a este estribillo y, por consiguiente, la irradiación fue más extensa. En tanto que el partido de gobierno tuvo que hacer una doble labor explicativa. Primero, enfatizar que quienes no querían la repostulación eran los de la vieja derecha privatizadora y, luego, que la repostulación garantizaba la continuidad del proceso de cambio. En esta dualidad explicativa es donde se perdió la fuerza de la simpleza de una consigna electoral, frente a la matriz discursiva imperialmente labrada que repercutía más fuerte justamente por su simpleza.

REDES. 3. Las redes: nuevos escenarios de lucha

Recientemente estuve en San Pedro de Curahuara, un municipio alejado, cercano a la frontera con Chile. Los mallkus y mama t´allas nos recibieron con cariño y bien organizados; habían decidido en su asamblea los temas a tratar y los oradores. Pero también vinieron a recibirme los jóvenes del colegio. Todos los estudiantes de la promoción tenían un smartphone similar al mío, y si bien no habían participado de la asamblea comunal, se habían enterado por teléfono o WhatsApp que estábamos llegando al municipio. Aquello que vi en Curahuara se repite en toda Bolivia. El internet y las redes han abierto un nuevo soporte material de comunicación, tan importante como lo fueron otros soportes materiales de comunicación en el pasado: la imprenta en el siglo XVIII, la radio a principios del siglo XX, la televisión a fines del siglo XX. Se trata de medios de comunicación cada vez más universales, que han llegado para quedarse y que no solo modifican la construcción cultural y educativa de las sociedades, sino la forma de hacer política y de luchar por el sentido común.

La masificación y novedad de este nuevo soporte material de comunicación ha generado una sobreexcitación comunicacional que ha sido bien aprovechada por las fuerzas políticas de derecha, que dispusieron recursos y especialistas cibernéticos al servicio de una guerra sucia como nunca antes había sucedido en nuestra democracia y que ha vertido toda la lacra social en el espacio de la opinión pública.

Está claro que las redes no son culpables de la guerra sucia; es la derecha, que no tuvo escrúpulo alguno para esa guerra sucia unilateral, la que apabulló el medio. Nosotros atinamos a una defensa artesanal en un escenario de gran industria comunicacional. Al final, esto también contribuyó a la derrota. A futuro, está claro que los movimientos sociales y el partido de gobierno deben incorporar en sus repertorios de movilización a las redes sociales como un escenario privilegiado de la disputa por la conducción del sentido común.

OPOSICIÓN. 4. Oposición unida

A lo largo de los últimos 15 años, las batallas electorales han contado con un bloque conservador de derecha fragmentado. Desde las elecciones de 2002 hasta las de 2014, la derecha política ha presentado varias candidaturas que han dispersado el voto de esas derechas. En oposición a ello, la izquierda política ha contado con una única candidatura y, encima, respaldada por un único bloque de izquierda social (sindicatos, comunidades, juntas de vecinos).

El 2016 este panorama se ha modificado. Aun con sus divergencias, toda la derecha pudo articularse en torno a una sola posición, la del No; e incluso tuvo la capacidad de arrastrar a los fragmentos del “izquierdismo deslactosado”, que antes había acompañado a Gonzalo Sánchez de Lozada en su gestión de gobierno.

La antigua fragmentación de la derecha claramente mejoraba la posición electoral del MAS, que se presentaba como la única fuerza con voluntad real de gobierno. Sin embargo, al unificarse aquélla para el referéndum, se anularon temporalmente las fisuras y guerras internas que debilitaban a unas frente a otras y a todas ellas frente al MAS. Así, el “todos contra el MAS” permitió que entraran, en una misma bolsa, desde los fascistas recalcitrantes y los derechistas moderados, hasta los trotskistas avergonzados. Y, en un memorable grotesco político, la noche del 21 de febrero se abrazaron quienes, pocos años atrás, estaban agarrando bates de béisbol para romper las cabezas de campesinas cocaleras, y algunos ex izquierdistas que, alguna vez, pontificaron desde su escritorio los derechos indígenas.

Al final, la derrota del Sí ha removido la estructura general de las organizaciones sociales indígenas, campesinas, vecinales, juveniles, obreras y populares que sostienen el proceso de cambio. Y lo ha hecho para bien y en un momento oportuno. Momento oportuno porque quedan cuatro años por delante para corregir errores, ya que es una derrota táctica en medio de una ofensiva y victoria estratégica del proceso de cambio. Y, para bien, porque las repetidas victorias de los últimos diez años han generado una peligrosa confianza y pesadez para un escenario de lucha de clases siempre cambiante, que requiere lo máximo de las fuerzas, lo máximo de la inteligencia y lo máximo de la audacia del movimiento popular. Y es que las revoluciones avanzan porque aprenden de sus derrotas o, en palabras de Carlos Marx, las revoluciones sociales “se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzar de nuevo desde el principio, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos, parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan: ¡Aquí está Rodas, salta aquí!”


Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia 

jueves, 21 de enero de 2016

La negociación con los buitres Por Aldo Ferrer

La cuestión central en el conflicto con los buitres es la respuesta al siguiente interrogante: ¿su resolución es indispensable o solo conveniente para el curso futuro de la economía argentina? En el primer caso, se impondrá la demanda de los buitres y la negociación es, en realidad, una ficción. En el segundo, la negociación es real porque puede no haber acuerdo, si el costo de la demanda de la contraparte es mayor que sus beneficios.


La evidencia es abrumadora en el sentido de que los buitres son un problema de segunda importancia y, por lo tanto, que el arreglo es conveniente pero no indispensable. Por las siguientes razones:

1. En los canjes de 2005 y 2010, Argentina logró la reestructuración de deuda soberana más exitosa de la historia, sin pedirle nada a nadie. Es decir, sin la participación del FMI ni el visto bueno de los mercados financieros. La deuda pendiente no alcanza a 3000 millones de dólares, menos del 8 por ciento del total de la declarada en default en la crisis del 2001. El supuesto aumento de la pendiente a 12.000 millones de dólares, por intereses caídos, ignora que, el pago a los buitres habría desarmado la reestructuración de la deuda e implicado un premio a la especulación y el castigo, a la inmensa mayoría de los inversores, que facilitaron la recuperación de la economía argentina. Estaríamos, otra vez, como en la crisis del 2001.

2. Hace una década que los fondos buitre, tenedores del 50 por ciento de la deuda pendiente, vienen litigando contra el país. Plantearon el embargo de bienes argentinos, en alrededor de 900 demandas en diversos países. El hecho más sonado fue el de la fragata “Libertad”. No tuvieron éxito en ningún caso. El país mantiene relaciones económicas normales con todo el mundo. Los buitres son especuladores despreciados en el escenario mundial. Operamos en un orden internacional, dentro del cual la inmunidad soberana de los Estados pone límites a la extrapolación de la jurisdicción de tribunales nacionales sobre terceros países. La razonabilidad de la posición argentina ha sido respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la opinión de los analistas más destacados en el escenario internacional.

3. Los problemas principales de la economía están en la esfera interna: el déficit del comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros. Ninguno se resuelve por el pago a los buitres.

4. El conflicto obedece a la ausencia de normas internacionales para resolver los default de deudas soberanas. La exitosa reestructuración de más del 92 por ciento de la deuda en default, cumple con exceso los límites para la resolución de las quiebras en las jurisdicciones nacionales. Las dificultades de tenedores de deuda reestructurada para recibir los pagos realizados por el gobierno argentino es responsabilidad de quien provoca la interrupción de la cadena de pagos.

5. La suposición que, después del arreglo con los buitres, van a llegar las inversiones, es una ficción. Ningún inversor, argentino o extranjero, que tenga un buen proyecto, deja de realizarlo por el conflicto con los buitres. El buen “clima de inversiones” depende de la gobernabilidad de la economía, la paz social, la seguridad jurídica, los espacios de rentabilidad y el ritmo de transformación de la estructura productiva para incorporar tecnología y agregar valor.

6. El pago a los buitres no es suficiente para que las agencias evaluadoras de riesgo mejoren la calificación de la deuda argentina, con la consecuente baja de la tasa de interés. Es previsible que exigirán, además, un plan económico y financiero respaldado por el FMI.

Es por estas y otras razones, que el acuerdo con los buitres no resuelve ningún problema fundamental ni garantiza la baja de la tasa de interés y la entrada de inversiones extranjeras. En resumen, el acuerdo es útil, porque remueve algunos obstáculos, pero no indispensable.

¿Cuáles deberían ser los límites de la oferta argentina? Los mismos que la de los canjes del 2005 y 2010, como lo planteó el gobierno anterior. Es una oferta generosa. Representa una excelente ganancia para los buitres, considerando el precio ínfimo al cual adquirieron sus títulos y los costos y pérdida de tiempo, que soportó el país, por pleitear con los buitres. Cuanto mayor sea el desvío de la próxima oferta del Gobierno respecto de ese límite, peor será la calificación que merecerán los actuales negociadores, en términos de la defensa del desarrollo, los derechos y la soberanía de la Argentina. El contenido del acuerdo revelará la inspiración del actual gobierno respecto de la autonomía de la política económica y la soberanía.

El Gobierno no debe hacerse ilusiones de que un acuerdo satisfactorio es posible por la “razonabilidad” de los buitres. El rechazo de estos al necesario carácter público de las negociaciones, es un primer ejemplo. Para defender con eficacia el derecho y los intereses del país, es indispensable que el Gobierno asuma la posibilidad de que no se alcance un acuerdo razonable y, los buitres, tomen nota que, en definitiva, no cobrarían nunca.

La negociación con los buitres es un primer paso en la definición de la estrategia de financiamiento internacional. Está planteada, al mismo tiempo, la alternativa de ratificar la soberanía recuperada con la cancelación de la deuda con el FMI o volver a solicitar su asistencia, con las condicionalidades incluidas. Es preciso, por lo tanto, que el Gobierno explicite la totalidad de su política de financiamiento internacional y la procese por las vías institucionales correspondientes.

Durante la “guerra fría”, el presidente Kennedy afirmó: “Nunca hay que tener miedo de negociar y nunca hay que negociar con miedo”. No hay razón alguna para que los negociadores del nuevo Gobierno actúen con “miedo”. Es decir, que supongan que el arreglo con los buitres es una cuestión de “vida o muerte”. Existe un nivel de deuda externa pública y privada entre los más bajos del mundo y los bancos están rentables, con carteras sólidas, fondeados en pesos, sin burbujas especulativas ni descalce de monedas. Podríamos estar más fuertes, si conserváramos el “superávit gemelo” en el presupuesto y el balance de pagos y aumentaran la reservas internacionales. De todos modos, el país conserva la fortaleza suficiente para negociar sin miedo ni urgencias.

* Profesor emérito. Universidad de Buenos Aires.

Página 12

jueves, 14 de enero de 2016

La grasa Por Alfredo Zaiat

Los empleados públicos ya no son los malhumorados y vagos estigmatizados en el pasado por Antonio Gasalla, en lo que fue un aporte artístico involuntario para desprestigiar el papel del Estado en la sociedad. Ahora son ñoquis que pasan a cobrar por la ventanilla el 29 de cada mes sin trabajar. En la conferencia de prensa de ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sumó otra definición despectiva para personal estatal: son grasa. Y además son “grasa militante”. El ministro que intenta con escasa habilidad ser simpático con frases de Moria Casán, puntuando comentarios de uno de los periodistas elegidos para preguntar y cayendo en una laguna en la última pregunta, que lo obligó a dar por terminada la conferencia, expresó de ese modo que los despidos de empleados públicos forman parte de la estrategia de ajuste fiscal del gobierno de Mauricio Macri. Quedó en evidencia la concepción Prat-Gay acerca de una parte del empleo público: Es grasa sobrante en el cuerpo del Estado.


El empleo, público y privado, no parece ser una cuestión central en la estrategia de gestión de la economía del ministro. Ese desinterés lo dejó expuesto cuando se refirió a empleados estatales como “grasa que sobra”, al desentenderse de los despidos en empresas privadas y al advertir acerca de la posibilidad de la pérdida de puestos si la demanda en paritarias es más elevada que la tasa de inflación que él estima para el 2016.

Para bajar el déficit fiscal de 2,3 por ciento del PIB en 2015, que lo infló con contabilidad creativa hasta alcanzar el 7,0 por ciento con el único objetivo de sobrecargar la herencia económica para habilitar el ajuste, Prat-Gay informó que el reordenamiento del gasto implicará una reducción del déficit en 0,8 puntos porcentuales. Mencionó acciones sobre licitaciones irregulares que no precisó, en cambio se extendió con los denominados ñoquis. Aquí fue más explícito. Despedir empleados públicos, o en sus propias palabras: “Eliminar la grasa de la militancia”.

Varias compañías están reduciendo personal –metalúrgicas, Cerámica San Lorenzo, autopartistas, talleres textiles– y, ante una consulta acerca de esta situación, el ministro afirmó que es por culpa de la herencia de la economía kirchnerista. Si así fuera, cuestión que es discutible, el Estado exhibió en los últimos años una estrategia activa para frenar los despidos, que hoy está ausente con el macrismo. Mediante políticas específicas se pudo defender el empleo a través del plan Recuperación Productiva (Repro) que consistía en el pago de una porción del salario por un tiempo determinado por parte del Estado. O mediante subsidios directos por un lapso hasta la recuperación del mercado. Justificó despidos en empresas privadas por la supuesta pesada herencia del kirchnerismo. Para Prat-Gay es lógico entonces dejar desamparados a trabajadores.

Otro de sus mensajes al mundo del trabajo es que no tienen que ser muy exigentes con la demanda de recuperación salarial en paritarias luego del shock inflacionario que él provocó. El ministro difundió que la tasa de inflación esperada es del 20 al 25 por ciento. “Me tienen que creer” porque si no es así la economía “ajustará por cantidad”. Es la propuesta a sindicalistas y empresarios para fijar un techo a las paritarias. Advirtió que si no lo hacen y definen un aumento salarial más elevado que esos porcentajes ambos correrán riesgos. A las empresas les dijo que “venderán menos” y a los trabajadores los amenazó con que “habrá menos empleo”.

La economía que quiere Prat-Gay es con “menos grasa” pero no sólo del sector público. El adelgazamiento general del empleo está en función del ajuste fiscal y de establecer un nuevo estadio regresivo en la distribución del ingreso.

Página 12