El plan económico del gobierno de Mauricio Macri
significó, en pocos días de gestión, la aplicación de un conjunto de políticas
que excedieron sustancialmente la devaluación (o su presentación mediática como
“levantamiento del cepo”) y han delineado una nueva comunidad de negocios. En
ese espacio comulgan el complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada
al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y
las fracciones acreedoras del exterior que apuestan al retorno al
financiamiento internacional.
Aun con divergencias en su interior, el objetivo
compartido de esa comunidad reside en “ordenar” la relación capitaltrabajo en
valores cercanos a una distribución del ingreso del 70/30. Es decir,
condicionar a los trabajadores a quedarse con menos de un tercio de los
ingresos nacionales. A ello se debe adicionar un dato clave: la propuesta del
Ministerio de Trabajo para las paritarias apunta a regularlas a través de un
cálculo de productividad, lo que en la práctica significa discutir el reparto
del nuevo excedente creado, pero no la distribución de la masa de ingresos ya
existente. Esto fue explicitado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña: “El mayor
desafío de la Argentina es agrandar la torta. La lógica de que hay que repartir
lo que hay y dividirlo, fue un fracaso”.
En virtud de lo mencionado, y ya concretada la
transferencia principal, se abre una etapa de disputas entre las distintas
fracciones por la conducción política del proceso, fundamentalmente de las decisiones
en materia económica sobre precios relativos y políticas públicas.
Valorización
financiera.
Al inicio de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz decidió fijar salarios
y liberar precios, derivando ello en una caída de la participación de los trabajadores
en el ingreso nacional en aproximadamente 18 puntos porcentuales, generando de
este modo un nuevo punto de partida (del 48,5 al 30,4 por ciento). Luego de
ello, la valorización financiera tuvo un largo derrotero caracterizado por las
disputas de las fracciones del capital dominante (acreedores externos,
oligarquía diversificada y oligarquía agropecuaria pampeana) que durante casi
treinta años (entre 1976 y 2001) pelearon por la porción del ingreso apropiada
a los trabajadores.
Los ochenta. Durante la década de los
ochenta, el claro predominio de los grupos económicos locales sobre los
acreedores externos en la apropiación del excedente, se reflejó en políticas en
favor de los primeros, a través de dos mecanismos privilegiados:
- Gastos fiscales: destinados a la promoción
industrial y reembolso a las exportaciones, desgravaciones de derechos de
importación a ciertas actividades, asunción de los pasivos de empresas
quebradas, apoyo de actividades muy específicas (como siderurgia y
petroquímica) y subsidios a los precios de venta o compra de bienes al Estado o
del Estado, entre los principales.
- Gastos cuasi fiscales: régimen de Seguros de Cambio
(81), estatización de la deuda (82), capitalización y cancelación anticipada
(en el gobierno democrático), entre otros.
La crisis de 1989 fue resultante de ese esquema de
reparto, que ya no era suficiente para contener a los acreedores, situación que
se agudizó por la moratoria de hecho de la deuda externa declarada hacia
mediados de 1988. Desde esa fecha los bancos acreedores no percibieron los
intereses de deuda ni las amortizaciones y tampoco lograron avanzar en el
esquema de privatizaciones para cobrarse la deuda con empresas públicas, como
adelantaban los ejes acordados en el Plan Baker pactado en 1985.
Los noventa. A inicios de la década se
conformó en torno a las privatizaciones una “comunidad de negocios” donde
comulgaron la oligarquía diversificada, firmas extranjeras y los acreedores
externos. ¿Cómo fue el reparto? A través del “saneamiento” previo de las
empresas públicas, la subvaluación para su venta, la obtención entre 1994 y
1998 de una rentabilidad promedio del 15 por ciento sobre patrimonio y, en el
caso de empresas de servicios públicos, la apropiación hacia 1999 de ganancias
que superaron los 2000 millones de dólares sólo considerando los ajustes de
tarifas a través de cláusulas de indexación. Otro negocio conjunto fue la
reducción de aportes y contribuciones laborales y la privatización del sistema
previsional concretada en 1994. Ello se tradujo en una transferencia hacia los
grandes grupos concentrados para el período 19942000 de 22.372 millones de
pesos por la reducción de aportes y 29.960 millones de pesos usufructuados por
el sistema previsional privado (AFJP). Derivado de este importante costo
fiscal, esas políticas significaron para el Estado un déficit de 54.446
millones de pesos, por lo que debió endeudarse beneficiando a la fracción
acreedora externa. No casualmente los pagos de servicios de la deuda externa
representaron una cifra similar, de 54.615 millones de pesos en el período.
La actual
disputa. Un
breve repaso de las políticas anunciadas e implementadas da cuenta de la
vinculación de cada una de ellas con actores económicos concretos. Estos han
sido beneficiados desde el comienzo en virtud de los “compromisos asumidos” por
el macrismo y el frente Cambiemos, profundizando además su vínculo orgánico a
través de la colocación de representantes gerenciales en cargos políticos del
gobierno. Los importantes beneficios que se detallan contrastan
indefectiblemente con el anuncio de la limitada transferencia por única vez de
400 pesos a los beneficiarios de la AUH y jubilados que perciben la mínima. Si
ésta erogación asciende a 3000 millones de pesos –en un solo pago–, sólo el
costo fiscal de las retenciones para la soja, maíz y trigo asciende a 30 mil
millones de pesos en una cosecha anual.
Habiéndose establecido la principal quita de
excedente, no está saldado su modo de reparto en el bloque hegemónico. Hace
unos días, en la conferencia de la UIA, el Ministro de Producción, Francisco
Cabrera anunció la quita de retenciones al agro. De inmediato Luis Betnaza, del
Grupo Techint, inquirió: “Bueno, ¿y para nosotros cuándo?”. Poco después se
anunció la quita de retenciones a las exportaciones industriales.
Otro caso fue el de Arcor. Macri había acordado
entregar a Jorge Lawson, hombre de esa compañía, el Ministerio de Trabajo. Sin
embargo, la presión de los gremios, entre ellos de Hugo Moyano, hizo dar marcha
atrás la designación. Sintomáticamente unos días después, Luis Pagani dueño de
Arcor, adquirió el 25 por ciento de La Serenísima y decidió sacar la empresa
lechera de Precios Cuidados. Finalmente, Lawson terminó ocupando un lugar en el
directorio del Banco Nación.
El caso de los despidos de Techint también es
paradigmático. Luego de dos renovaciones de actas de suspensiones a lo largo
del 2015, sin despidos, la primera semana del gobierno de Macri y frente a una
nueva renovación de suspensiones, Techint deliberadamente despidió a 189
trabajadores de la planta de Siderca de Campana. Esa muestra de presión al
nuevo presidente Macri tuvo como respuesta al día siguiente una reunión entre
Rocca y Vidal con muestras de acercamiento mutuo.
En este marco, se abren interrogantes sobre el
reacomodamiento de las fracciones del capital en esta etapa. Dada la
representación corporativa de Prat-Gay respecto a la banca internacional (JP
Morgan), del anunciado endeudamiento y de la fenomenal suba de tasas de interés
locales: ¿significa esta nueva etapa económica la puesta en práctica de la
especulación propia de la valorización financiera? O considerando la representación
de entidades agrarias de grandes terratenientes con Ricardo Buryaile al frente
del Ministerio de Agricultura, y del empresariado cerealero con Monsanto en la
homónima cartera provincial, ¿se trata del retorno de un modelo de crecimiento
con base agroexportadora pero sin distribución de ingresos?
Finalmente, a raíz de los acercamientos al Grupo
Techint, la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales y la
entrega de la Secretaría de Empleo a un ex gerente de esa empresa, ¿ocupará la
oligarquía diversificada un rol periférico en el nuevo bloque dominante o será
un actor central?
“Perturba en el “círculo rojo” el apoyo del Gobierno
al campo” reza el titular de una nota en el diario La Nación del 26 de
diciembre. El gobierno de Macri tiene importantes compromisos asumidos con cada
uno de los sectores que impulsaron y apoyan su actual gestión, en pos del
objetivo concreto de alterar nuevamente la distribución de ingresos en
Argentina. Pero este complejo equilibrio corre riesgo de romperse si el
otorgamiento de mayores ventajas hacia una de las fracciones inclina la
balanza.
* Centro de Economía Política Argentina-CEPA.
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