Conciencia Pueblo - Edición N° 1 - Septiembre 2016

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La restauración del pensamiento rentístico Por Horacio Rovelli

Es fácil, simple y comprobable ver la lógica rentista en el gobierno de Macri, por la sencilla razón que ha sido la lógica de la burguesía Argentina en gran parte de su existencia, exasperada cuando asumen la administración del país.

Esto es, lo que buscan es una ganancia rápida, con la posibilidad cierta de dolarizarla y fugarla de la Argentina, y solo por eso invierten y capitalizan sus empresas y actividades sabiendo que pueden venderlas por la celeridad de recuperación del capital

No es una burguesía que invierta en mediano y largo plazo y que busque y lidere consolidar un proceso de acumulación y producción, al contrario, su lógica es la de pan para hoy (en realidad grandes ganancias para ellos) y hambre para mañana, por eso no tienen un plan, y menos un proyecto para todos, lo que si tienen es un desproporcionado acervo en términos del resto del país y lo que buscan es generar (para ellos) mayores retribuciones que en el resto del mundo.

En ese marco se entiende las medidas y hasta las políticas adoptadas, que suelen (y lo son) contradictorias, pero que tienen siempre el trasfondo de beneficiarlos. De allí la híper devaluación no bien asumieron el gobierno, la quita y reducción de las retenciones, la “libertad” de fijar precios en mercados cautivos o semi cautivos, y la renta segura por la tasa de corte de las Letras del BCRA (LEBAC).

El valor del dólar que “sinceraron” en no menos de un 40% en su comienzo, logra cierta estabilidad a partir de abril de 2016 por el endeudamiento logrado tras el pago a los fondos buitres, y por la liquidación de la cosecha gruesa, esencialmente la soja, que incluso tenían retenidas durante la gestión del gobierno anterior esperando la devaluación y la quita y/o reducción de las retenciones, como pasó.

Paralelamente, sumándose como causa complementaria, lo que hizo desarmar posiciones en divisas del capital financiero en el país fueron las altas tasas pagadas por las LEBAC (Letras del BCRA), pero las mismas ya tienen su límite, por un lado, el total del dinero esterilizado (comprados por el BCRA) al 20 de mayo 2016 representa el 95% de la base monetaria (que es la cantidad de dinero creada y puesta en circulación por el BCRA), esto es, las LEBAC – totalizaban $ 521.824 millones, cuando la Base Monetaria a esa fecha era de $ 582.521 millones. Y por otra parte, las LEBAC (que pagó el martes 24 de mayo 2016 a una tasa de 35,25% anual para el plazo de 35 días), no puede pagar menos tasa (lo que repercute negativamente sobre el crédito) porque en el mercado a  futuro del ROFEX (Mercado de venta de granos de Rosario) está acordado el valor del dólar en torno a los $ 17.- al 30/12/2016, cuando el valor tipo vendedor del día 27 de mayo 2016 era de $ 14,20, eso da una tasa de incremento de casi el 20% para un poco más de siete meses, que anualizada se acerca al 35%.  Por lo tanto, la tasa de las LEBAC solo desciende si hace lo propio el valor futuro del dólar.

Por ende, la forma que tienen de retribuir al capital financiero, y a los sectores más ricos del país no es incentivando la producción (salvo los sectores favorecidos), sino  generado un mecanismo basado en el endeudamiento permanente y creciente, que obviamente no es por siempre, de allí en que una vez pasada la venta de la cosecha gruesa (abril a agosto), la suba generalizada de los precios y el mayor endeudamiento para pagarle a los fondos buitres con el fin de dejar librado el ingreso de capitales del exterior, queda al descubierto la incapacidad en el tiempo del  repago de la deuda,  fruto que la devaluación y quita y reducción de las retenciones no implica mayores exportaciones, y si mayor apropiación de ganancias, pero esa ampliación de los márgenes de ganancias se deriva a capitales especulativos y a la fuga del circuito económico local, dado que nadie invierte en un país que se achica y genera desempleo como hizo y hace el gobierno de Macri.

Si a ese contexto le sumamos el hecho que los sectores beneficiados perciben y determinan la existencia del atraso cambiario, hará que más temprano que tarde (una vez pasado los meses de liquidación de la cosecha y ante nuevos y mayores pagos de los servicios de la deuda externa y de los LEBAC y otros mecanismos de endeudamiento interno en pesos), recomiencen nuevamente la compra de divisas. Y es por eso que el macrismo necesita generar nuevos negocios especulativos y allí aparece la pomposa “reparación histórica” para los jubilados y pensionados.

Así como dijeron que iban a aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y lo hicieron pero nominalmente, y sin cambiar las escalas con lo que los asalariados alanzados por el gravamen pagan mucho más, del miso modo presentan el cambio en el régimen previsional.

Programa de Reparación Histórica

Macri en una carta pública afirma: “…Para saldar esta gran deuda, vamos a utilizar el dinero que va a ingresar del impuesto que van a pagar los que más tienen y que en estos años evadieron los impuestos, y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses”.

Primero el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) da a conocer que desde el mes de marzo 2016 el haber mínimo mensual es de $ 4.959.- que la remuneración media de todos los beneficiados es de $ 8.135.-, todos valores muy lejos de lo que implica una canasta básica de supervivencia, por un lado, atenuado porque el haber previsional máximo es de $ 36.330.- por mes.

Lo que plantea el proyecto de ley del PE para un conjunto de beneficiados que estiman en unas 2.250.000 personas, que estarían cobrando menos de lo que realmente deberían cobrar, ajustarles la remuneración e incluso pagarle en forma retroactiva en determinados casos, y los dividen en tres:

a) Los que tienen sentencia firme que serían alrededor de 70.000 casos, a quienes se les pagaría el fallo judicial, la mitad al contado con la aceptación de la propuesta y la otra mitad en 3 –tres- años, con pagos trimestrales, ajustables por el índice de movilidad (Que habría que ver lo que dice textualmente el proyecto de ley, dado que no sería el actual, y podría ser reemplazado por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE, que en todo este tiempo fue mucho menor).

b) Un segundo grupo son los que tienen su juicio en trámite (hay unos 380.000 expedientes), también se les pagará el 50% al contado y el resto en 3 –tres- años, ajustables. En estos casos, el monto reclamado tendrá una quita o tope porque se les reconocerá hasta 4 –cuatro- años del total de años reclamados (esto podría implicar una quita sobre el reclamo, que depende de su antigüedad). También hacia delante, los haberes serán ajustados

c) Finalmente, el plan apunta a quienes no hicieron un reclamo judicial (pero la ANSeS entiende que cobran menos de lo que deberían percibir), serían 1.800.000 beneficiados que no hicieron juicio, pero tienen los mismos derechos que los que sí lo hicieron. No se les reconocerá el retroactivo porque no hicieron el reclamo, pero se les reajustará hacia delante el haber si renuncian a realizar el reclamo judicial.

El Gobierno calcula que en promedio el reajuste de los haberes de los que acepten la oferta oficial sería del 45%. Los que rechacen la oferta no tendrán ningún reajuste de haberes y deberán seguir con los juicios o iniciar uno nuevo. El proyecto de ley contemplaría la retención del impuesto a las Ganancias, pero el descuento sobre la oferta retroactiva se calculará por los valores devengados de cada año.

Para poder pagar el 50% al contado en este año para los casos a) y b)  el gobierno debe disponer como mínimo de $ 300.000 millones (Para tener una comparación es el 56% de los $ 535.697 millones abonados durante el año 2015 por las prestaciones de seguridad  previsional nacional), a los que además, según ponderaciones del titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, los gastos que demandaría la política de reparación de los haberes previsionales propuesta significarían unos $ 85.000 millones (a valores de mayo 2016) por año, que tardarán no menos de dos años en instrumentar la totalidad de las aceptaciones, más los tres años de financiamiento.

El dinero para hacer frente a esos pagos saldrá de los rendimientos anuales líquidos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, más las partidas asignadas en el Presupuesto para el pago de sentencias, pero como no va a alcanzar para pagar el monto de ajuste total, se autorizará al Fondo a vender las acciones que tiene en su poder, y allí reside una de las claves del sistema propuesto.

En efecto, cuando Maurizio Macri sostiene que se financiará con el impuesto que le cobren a los que “blanqueen” los recursos que tienen en el exterior, está por verse cuanto será el capital en “negro” declarado, y que tasas de recargo finalmente abonaran, pero seguramente lo recaudado será en este año 2016 ( y en el mejor de los casos) menos del 10% de los $300.000 millones iniciales para poner en funcionamiento el sistema, y después no alcanzará al 30% de los $ 85.000 millones con los precios de mayo de 2016 que infieren las autoridades de la ANSeS que se gastará por año, y ante ese nuevo fracaso y para cumplir con la que ya será ley de “reparación histórica” de los jubilados y pensionados, se empleará la venta de las acciones que tiene el FGS.

EL FONDO DE LA TRAMA

Con un dólar cuya híper devaluación fue absorbida por el crecimiento de los precios internos, demostrando que los empresarios formadores de los mismos lo escuchan a Macri como oír llover, y no dejan sus negocios y sus altas rentas por más que Macri se los pida, por lo que no tienen motivaciones de mayor poder adquisitivo para reconocer tenencias de activos no declarados en el exterior  y traerlos al país.

Macri no puede volver a devaluar porque la crisis interna que ello provocaría y los grados de marginalidad y de pobreza harían cierta la frase de Durán Barba: “´Tengo tres amigos que llegaron al gobierno e hicieron ajustes (Gonzalo Sánchez de Losada, Fabián Alarcón y Jamil Mahuad). Los tres están o estuvieron presos o prófugos”.

Con lo que en ese marco el gobierno ofrece un blanqueo que va a tratar que sea lo más amplio posible, y que por trascendidos periodísticos implicaría la existencia de una tabla que de acuerdo al monto declarado contribuirá al fisco con una tasa fija por todo concepto por los impuestos no pagados:

a) Para la mayoría de las transacciones será del 10%, si abona durante el corriente año 2016

b) Habrá una tasa del 5% para cifras menores de 80.000 (o 100.000) dólares.

c) Habrá una tasa del 4% para fondos declarados, pero que se giraron al exterior.

El gobierno estima que de esa manera se declararían U$S 20.000 millones,  si la mayor parte abona el 10%, eso implica unos U$s 1.850 o U$s 1.900 millones de gravamen, al tipo de cambio oficial actual serían unos $ 27.000 millones, que es menos del 10% de lo que deben destinar para pagar los no menos de $ 300.000 millones para el primer año del sistema de reparación previsional del macrismo.

Por ende, además del negocio de “blanquear” la plata, le ofrecen la de venderles las  acciones de empresas privadas en poder de la ANSES a partir de la nacionalización de las AFJP. Entre otras con acciones en poder de la ANSES figuran empresas del grupo Techint (Siderar); de Aluar; el 9% del paquete accionario del Grupo Clarín; Molinos Río de la Plata;  las empresas distribuidora de gas; de energía eléctrica; Endesa; Cresud; Central Puerto SA;  IRSA; Ledesma SA; Alpargatas SA; Solvay; Quickfood; Consultatio;  Holcim;  y Mirgor.  Y los bancos Macro (con el 24,6% del paquete accionario), BBVA Francés, Banco Patagonia, Galicia, e Hipotecario, el volumen de acciones en poder del organismo dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) superaría hoy los 90.000 millones, que indefectiblemente será utilizados para ese fin.

En síntesis, el gobierno solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, no existe y en ese marco no puede existir proyectos de inversión productiva,  se prioriza lo financiero, a costa de un mercado interno que se achica y condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico por el ingreso de dólares, pero insustentable en el tiempo.

EPPA

Derrotas y victorias por Alvaro García Linera

Cuando uno arroja una piedra a un vaso de cristal y éste se quiebra, a veces surge la pregunta ¿por qué se rompe el vaso? ¿Es por culpa de la piedra que lo impactó? ¿O porque el vaso es rompible y luego entonces la piedra lo fragmenta? Es una pregunta que solía plantearla el sociólogo Pierre Bourdieu para explicar que solo la segunda posibilidad era la correcta, porque te permitía ver, en la configuración interna del objeto, las condiciones de su devenir.

En el caso del referéndum del 21 de febrero, no cabe duda que hubo una campaña política orquestada por asesores extranjeros. Las visitas clandestinas de la ONG NDI, dependiente del Departamento de Estado, sus cursos de preparación de activistas cibernéticos, los continuos viajes de los jefes de oposición a Nueva York —no precisamente a disfrutar del invierno—, hablan de una planificación externa que tuvo su influencia. Pero así como la piedra arrojada hacia el vaso, esta acción externa solo pudo tener efecto debido a las condiciones internas del proceso político boliviano, que es preciso analizar.

CLASES. 1. La nueva estructura de las clases sociales

Que en 10 años el 20% de la población boliviana haya pasado de la extrema pobreza a la clase media es un hecho de justicia y un récord de ascenso social, pero también de desclasamiento y reenclasamiento social, que modifica toda la arquitectura de las clases sociales en Bolivia. Si a ello sumamos que en la misma década de oro la diferencia entre los más ricos y los más pobres se redujo de 128 a 39 veces; que la blanquitud social ha dejado de ser un “plus”, un capital de ascenso social y que hoy más bien la indianitud se está consagrando como el nuevo capital étnico que habilita el acceso a la administración pública y al reconocimiento, nos referimos a que la composición boliviana de clases sociales se ha reconfigurado y, con ello, las sensibilidades colectivas, o lo que Antonio Gramsci llama el sentido común, el modo de organizar y recepcionar el mundo, es distinto al que prevalecía a inicios del siglo XXI.

Las clases sociales populares de hoy no son las mismas que aquellas que llevaron adelante la insurrección de 2003. Los regantes controlan sus sistemas de agua; los mineros y fabriles han multiplicado su salario por cinco; los alteños, que pelearon por el gas, ahora tienen, en un 80%, gas a domicilio; las comunidades campesinas e indígenas tienen seis veces más cantidad de tierra que todo el sector empresarial; y los aymaras y quechas, marginados por su identidad indígena en el pasado, son los que ahora conducen la indianización del Estado boliviano. Hay, por tanto, un poder económico y político democratizado en la base popular, que modifica los métodos de lucha sociales para ser atendido por el Estado. Paralelamente, la urbanización se ha incrementado pero, ante todo, los servicios urbanos de educación, salud, comunicación y transporte se han expandido en las áreas rurales ampliando los procesos de individuación de las nuevas generaciones, diversificando las fuentes de información y de construcción de opinión pública regionalizada más allá del sindicato o la asamblea. Si a ello añadimos el hecho de que pasada la etapa del ascenso social insurreccional (2003-2009), inevitablemente viene un reflujo social, un repliegue corporativo que debilita a las organizaciones sociales y a su producción de un horizonte universal, entonces es normal un periodo de despolitización social, que disminuye la centralidad sindical como núcleo privilegiado de construcción de la opinión publica popular, para ampliarla a una pluralidad de fuentes como los medios de comunicación, la gestión estatal, las redes sociales, etc.

La comunidad nacional en lucha contra las privatizaciones, la comunidad nacional despojada de sus recursos y que reclama su reconquista, o la comunidad dolorosa de las víctimas de la matanza de octubre de 2003, que fueron la base del ascenso revolucionario entre 2000 y 2006, han dado lugar a otro tipo de comunidades reivindicativas más dispersas regionalmente, más afincadas en la gestión de proyectos de desarrollo o de expectativas educativas de carácter individual. Se trata de comunidades de tipo virtual o mediáticas que no solo modifican los métodos de lucha sino también los contenidos mismos de lucha, las percepciones sobre lo deseado, lo necesario y lo común.

Estamos, por tanto, no solo ante una nueva estructura de clases, sino también ante nuevos marcos culturales de movilización y de percepción del mundo. Por todo ello, la convocatoria del sindicato o de la comunidad convertida en capital electoral en 2005 o en 2009, que irradió a sectores de la sociedad civil individuada, hoy no son suficientes para producir el mismo efecto electoral. Sin duda, el mundo sindical obrero, campesino-indígena y vecinal pobre continúa siendo el bastión más sólido y leal del proceso de cambio —y esto se ha verificado nuevamente en la última elección con gestos tan extraordinarios como la donación de una mita por parte del proletariado minero de Huanuni para la campaña—, pero ya no tiene el mismo efecto irradiador de antes. Han surgido otras colectividades sociales entre las clases populares y en las diversas clases medias de origen popular, más volátiles, por residencia, por estudio o por comunidad virtual, que se mueven por otros referentes e intereses, muchas veces de carácter individual. Como gobierno revolucionario habíamos ayudado a cambiar al mundo; sin embargo, en la acción electoral, en una parte de nuestras acciones, seguíamos aún actuando como si el mundo no hubiera cambiado. Acudimos a medios de movilización y de información insuficientes para la nueva estructura social de clases y, en algunas ocasiones, empleamos marcos interpretativos del mundo que ya no correspondían al actual momento social.

LIDERAZGO. 2. Hegemonía no es lo mismo que continuidad de liderazgo

La fortaleza de un proceso revolucionario radica en instaurar una matriz explicativa del mundo en medio de la cual las personas, las clases dominantes y las clases dominadas, organizan su vida cotidiana y su futuro.

Durkheim llamaba a esto las estructuras del conformismo moral y conformismo lógico de la vida en común. Y el bloque social dirigente capaz de conducir activamente estas estructuras se constituye en un bloque social hegemónico. El proceso de cambio creó una matriz explicativa y organizadora del mundo: Estado plurinacional, igualdad de naciones y pueblos indígenas, economía plural con liderazgo estatal, autonomías. Hoy, izquierdas y derechas se mueven en torno a esos parámetros interpretativos que regulan el campo de lo posible y lo deseado socialmente aceptado. Hoy, la gente de a pie construye sus proyectos personales y expectativas en torno a estos componentes potenciados hacia el futuro a través de la Agenda Patriótica 2025, y no tiene al frente ningún otro proyecto de Estado y de economía que le haga sombra. En ese sentido, hablamos de un campo político unipolar. El que el presidente Evo tenga una popularidad y apoyo a la gestión de gobierno que bordea el 80%, según las encuestas hechas en plena campaña por el referéndum, constata este hecho hegemónico.

Sin embargo, cuando a los entrevistados se les consulta si están de acuerdo con una nueva postulación, solo la mitad de los que apoyan la gestión responde positivamente. El apego al proyecto de Estado, economía y sociedad no es similar al apoyo a la repostulación o, si se quiere, hegemonía no es directamente sinónimo de continuidad de liderazgo.

Es posible que haya pesado la desconfianza normal hacia una gestión muy larga; también es posible que algunas personas pensaran que en el referéndum volvían a reelegir a Evo, creyéndolo innecesario después de ya haberlo elegido en 2014. En todo caso, sobre ese espacio de votantes que daban su apoyo a la gestión de Evo, pero no a su repostulación, se centró toda la artillería de la campaña, tanto de la oposición como del partido gobernante. La oposición se montó rápidamente en una matriz de opinión larvaria, pero trabajada desde hace años con el apoyo de agencias internacionales, referida a que los gobiernos de izquierda revolucionarios son “autoritarios”, “abusivos”, quieren “eternizarse”, etc. Y, entonces, la repostulación fue rápidamente ensamblada a la lógica de una manifestación que confirmaba el “abuso”, el “autoritarismo” etc. Algunos izquierdistas de “cafetín” se sumaron a este estribillo y, por consiguiente, la irradiación fue más extensa. En tanto que el partido de gobierno tuvo que hacer una doble labor explicativa. Primero, enfatizar que quienes no querían la repostulación eran los de la vieja derecha privatizadora y, luego, que la repostulación garantizaba la continuidad del proceso de cambio. En esta dualidad explicativa es donde se perdió la fuerza de la simpleza de una consigna electoral, frente a la matriz discursiva imperialmente labrada que repercutía más fuerte justamente por su simpleza.

REDES. 3. Las redes: nuevos escenarios de lucha

Recientemente estuve en San Pedro de Curahuara, un municipio alejado, cercano a la frontera con Chile. Los mallkus y mama t´allas nos recibieron con cariño y bien organizados; habían decidido en su asamblea los temas a tratar y los oradores. Pero también vinieron a recibirme los jóvenes del colegio. Todos los estudiantes de la promoción tenían un smartphone similar al mío, y si bien no habían participado de la asamblea comunal, se habían enterado por teléfono o WhatsApp que estábamos llegando al municipio. Aquello que vi en Curahuara se repite en toda Bolivia. El internet y las redes han abierto un nuevo soporte material de comunicación, tan importante como lo fueron otros soportes materiales de comunicación en el pasado: la imprenta en el siglo XVIII, la radio a principios del siglo XX, la televisión a fines del siglo XX. Se trata de medios de comunicación cada vez más universales, que han llegado para quedarse y que no solo modifican la construcción cultural y educativa de las sociedades, sino la forma de hacer política y de luchar por el sentido común.

La masificación y novedad de este nuevo soporte material de comunicación ha generado una sobreexcitación comunicacional que ha sido bien aprovechada por las fuerzas políticas de derecha, que dispusieron recursos y especialistas cibernéticos al servicio de una guerra sucia como nunca antes había sucedido en nuestra democracia y que ha vertido toda la lacra social en el espacio de la opinión pública.

Está claro que las redes no son culpables de la guerra sucia; es la derecha, que no tuvo escrúpulo alguno para esa guerra sucia unilateral, la que apabulló el medio. Nosotros atinamos a una defensa artesanal en un escenario de gran industria comunicacional. Al final, esto también contribuyó a la derrota. A futuro, está claro que los movimientos sociales y el partido de gobierno deben incorporar en sus repertorios de movilización a las redes sociales como un escenario privilegiado de la disputa por la conducción del sentido común.

OPOSICIÓN. 4. Oposición unida

A lo largo de los últimos 15 años, las batallas electorales han contado con un bloque conservador de derecha fragmentado. Desde las elecciones de 2002 hasta las de 2014, la derecha política ha presentado varias candidaturas que han dispersado el voto de esas derechas. En oposición a ello, la izquierda política ha contado con una única candidatura y, encima, respaldada por un único bloque de izquierda social (sindicatos, comunidades, juntas de vecinos).

El 2016 este panorama se ha modificado. Aun con sus divergencias, toda la derecha pudo articularse en torno a una sola posición, la del No; e incluso tuvo la capacidad de arrastrar a los fragmentos del “izquierdismo deslactosado”, que antes había acompañado a Gonzalo Sánchez de Lozada en su gestión de gobierno.

La antigua fragmentación de la derecha claramente mejoraba la posición electoral del MAS, que se presentaba como la única fuerza con voluntad real de gobierno. Sin embargo, al unificarse aquélla para el referéndum, se anularon temporalmente las fisuras y guerras internas que debilitaban a unas frente a otras y a todas ellas frente al MAS. Así, el “todos contra el MAS” permitió que entraran, en una misma bolsa, desde los fascistas recalcitrantes y los derechistas moderados, hasta los trotskistas avergonzados. Y, en un memorable grotesco político, la noche del 21 de febrero se abrazaron quienes, pocos años atrás, estaban agarrando bates de béisbol para romper las cabezas de campesinas cocaleras, y algunos ex izquierdistas que, alguna vez, pontificaron desde su escritorio los derechos indígenas.

Al final, la derrota del Sí ha removido la estructura general de las organizaciones sociales indígenas, campesinas, vecinales, juveniles, obreras y populares que sostienen el proceso de cambio. Y lo ha hecho para bien y en un momento oportuno. Momento oportuno porque quedan cuatro años por delante para corregir errores, ya que es una derrota táctica en medio de una ofensiva y victoria estratégica del proceso de cambio. Y, para bien, porque las repetidas victorias de los últimos diez años han generado una peligrosa confianza y pesadez para un escenario de lucha de clases siempre cambiante, que requiere lo máximo de las fuerzas, lo máximo de la inteligencia y lo máximo de la audacia del movimiento popular. Y es que las revoluciones avanzan porque aprenden de sus derrotas o, en palabras de Carlos Marx, las revoluciones sociales “se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzar de nuevo desde el principio, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos, parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan: ¡Aquí está Rodas, salta aquí!”

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia 

El plan 70-30 Por Hernán Letcher y Julia Strada

El plan económico del gobierno de Mauricio Macri significó, en pocos días de gestión, la aplicación de un conjunto de políticas que excedieron sustancialmente la devaluación (o su presentación mediática como “levantamiento del cepo”) y han delineado una nueva comunidad de negocios. En ese espacio comulgan el complejo agroexportador, la cúpula industrial orientada al mercado externo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos y las fracciones acreedoras del exterior que apuestan al retorno al financiamiento internacional.

Aun con divergencias en su interior, el objetivo compartido de esa comunidad reside en “ordenar” la relación capitaltrabajo en valores cercanos a una distribución del ingreso del 70/30. Es decir, condicionar a los trabajadores a quedarse con menos de un tercio de los ingresos nacionales. A ello se debe adicionar un dato clave: la propuesta del Ministerio de Trabajo para las paritarias apunta a regularlas a través de un cálculo de productividad, lo que en la práctica significa discutir el reparto del nuevo excedente creado, pero no la distribución de la masa de ingresos ya existente. Esto fue explicitado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña: “El mayor desafío de la Argentina es agrandar la torta. La lógica de que hay que repartir lo que hay y dividirlo, fue un fracaso”.

En virtud de lo mencionado, y ya concretada la transferencia principal, se abre una etapa de disputas entre las distintas fracciones por la conducción política del proceso, fundamentalmente de las decisiones en materia económica sobre precios relativos y políticas públicas.

Valorización financiera. Al inicio de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz decidió fijar salarios y liberar precios, derivando ello en una caída de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional en aproximadamente 18 puntos porcentuales, generando de este modo un nuevo punto de partida (del 48,5 al 30,4 por ciento). Luego de ello, la valorización financiera tuvo un largo derrotero caracterizado por las disputas de las fracciones del capital dominante (acreedores externos, oligarquía diversificada y oligarquía agropecuaria pampeana) que durante casi treinta años (entre 1976 y 2001) pelearon por la porción del ingreso apropiada a los trabajadores.

Los ochenta. Durante la década de los ochenta, el claro predominio de los grupos económicos locales sobre los acreedores externos en la apropiación del excedente, se reflejó en políticas en favor de los primeros, a través de dos mecanismos privilegiados:

- Gastos fiscales: destinados a la promoción industrial y reembolso a las exportaciones, desgravaciones de derechos de importación a ciertas actividades, asunción de los pasivos de empresas quebradas, apoyo de actividades muy específicas (como siderurgia y petroquímica) y subsidios a los precios de venta o compra de bienes al Estado o del Estado, entre los principales.

- Gastos cuasi fiscales: régimen de Seguros de Cambio (81), estatización de la deuda (82), capitalización y cancelación anticipada (en el gobierno democrático), entre otros.

La crisis de 1989 fue resultante de ese esquema de reparto, que ya no era suficiente para contener a los acreedores, situación que se agudizó por la moratoria de hecho de la deuda externa declarada hacia mediados de 1988. Desde esa fecha los bancos acreedores no percibieron los intereses de deuda ni las amortizaciones y tampoco lograron avanzar en el esquema de privatizaciones para cobrarse la deuda con empresas públicas, como adelantaban los ejes acordados en el Plan Baker pactado en 1985.

Los noventa. A inicios de la década se conformó en torno a las privatizaciones una “comunidad de negocios” donde comulgaron la oligarquía diversificada, firmas extranjeras y los acreedores externos. ¿Cómo fue el reparto? A través del “saneamiento” previo de las empresas públicas, la subvaluación para su venta, la obtención entre 1994 y 1998 de una rentabilidad promedio del 15 por ciento sobre patrimonio y, en el caso de empresas de servicios públicos, la apropiación hacia 1999 de ganancias que superaron los 2000 millones de dólares sólo considerando los ajustes de tarifas a través de cláusulas de indexación. Otro negocio conjunto fue la reducción de aportes y contribuciones laborales y la privatización del sistema previsional concretada en 1994. Ello se tradujo en una transferencia hacia los grandes grupos concentrados para el período 19942000 de 22.372 millones de pesos por la reducción de aportes y 29.960 millones de pesos usufructuados por el sistema previsional privado (AFJP). Derivado de este importante costo fiscal, esas políticas significaron para el Estado un déficit de 54.446 millones de pesos, por lo que debió endeudarse beneficiando a la fracción acreedora externa. No casualmente los pagos de servicios de la deuda externa representaron una cifra similar, de 54.615 millones de pesos en el período.

La actual disputa. Un breve repaso de las políticas anunciadas e implementadas da cuenta de la vinculación de cada una de ellas con actores económicos concretos. Estos han sido beneficiados desde el comienzo en virtud de los “compromisos asumidos” por el macrismo y el frente Cambiemos, profundizando además su vínculo orgánico a través de la colocación de representantes gerenciales en cargos políticos del gobierno. Los importantes beneficios que se detallan contrastan indefectiblemente con el anuncio de la limitada transferencia por única vez de 400 pesos a los beneficiarios de la AUH y jubilados que perciben la mínima. Si ésta erogación asciende a 3000 millones de pesos –en un solo pago–, sólo el costo fiscal de las retenciones para la soja, maíz y trigo asciende a 30 mil millones de pesos en una cosecha anual.

Habiéndose establecido la principal quita de excedente, no está saldado su modo de reparto en el bloque hegemónico. Hace unos días, en la conferencia de la UIA, el Ministro de Producción, Francisco Cabrera anunció la quita de retenciones al agro. De inmediato Luis Betnaza, del Grupo Techint, inquirió: “Bueno, ¿y para nosotros cuándo?”. Poco después se anunció la quita de retenciones a las exportaciones industriales.

Otro caso fue el de Arcor. Macri había acordado entregar a Jorge Lawson, hombre de esa compañía, el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la presión de los gremios, entre ellos de Hugo Moyano, hizo dar marcha atrás la designación. Sintomáticamente unos días después, Luis Pagani dueño de Arcor, adquirió el 25 por ciento de La Serenísima y decidió sacar la empresa lechera de Precios Cuidados. Finalmente, Lawson terminó ocupando un lugar en el directorio del Banco Nación.

El caso de los despidos de Techint también es paradigmático. Luego de dos renovaciones de actas de suspensiones a lo largo del 2015, sin despidos, la primera semana del gobierno de Macri y frente a una nueva renovación de suspensiones, Techint deliberadamente despidió a 189 trabajadores de la planta de Siderca de Campana. Esa muestra de presión al nuevo presidente Macri tuvo como respuesta al día siguiente una reunión entre Rocca y Vidal con muestras de acercamiento mutuo.

En este marco, se abren interrogantes sobre el reacomodamiento de las fracciones del capital en esta etapa. Dada la representación corporativa de Prat-Gay respecto a la banca internacional (JP Morgan), del anunciado endeudamiento y de la fenomenal suba de tasas de interés locales: ¿significa esta nueva etapa económica la puesta en práctica de la especulación propia de la valorización financiera? O considerando la representación de entidades agrarias de grandes terratenientes con Ricardo Buryaile al frente del Ministerio de Agricultura, y del empresariado cerealero con Monsanto en la homónima cartera provincial, ¿se trata del retorno de un modelo de crecimiento con base agroexportadora pero sin distribución de ingresos?

Finalmente, a raíz de los acercamientos al Grupo Techint, la eliminación de retenciones a las exportaciones industriales y la entrega de la Secretaría de Empleo a un ex gerente de esa empresa, ¿ocupará la oligarquía diversificada un rol periférico en el nuevo bloque dominante o será un actor central?

“Perturba en el “círculo rojo” el apoyo del Gobierno al campo” reza el titular de una nota en el diario La Nación del 26 de diciembre. El gobierno de Macri tiene importantes compromisos asumidos con cada uno de los sectores que impulsaron y apoyan su actual gestión, en pos del objetivo concreto de alterar nuevamente la distribución de ingresos en Argentina. Pero este complejo equilibrio corre riesgo de romperse si el otorgamiento de mayores ventajas hacia una de las fracciones inclina la balanza.

* Centro de Economía Política Argentina-CEPA.

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La negociación con los buitres Por Aldo Ferrer

La cuestión central en el conflicto con los buitres es la respuesta al siguiente interrogante: ¿su resolución es indispensable o solo conveniente para el curso futuro de la economía argentina? En el primer caso, se impondrá la demanda de los buitres y la negociación es, en realidad, una ficción. En el segundo, la negociación es real porque puede no haber acuerdo, si el costo de la demanda de la contraparte es mayor que sus beneficios.

La evidencia es abrumadora en el sentido de que los buitres son un problema de segunda importancia y, por lo tanto, que el arreglo es conveniente pero no indispensable. Por las siguientes razones:

1. En los canjes de 2005 y 2010, Argentina logró la reestructuración de deuda soberana más exitosa de la historia, sin pedirle nada a nadie. Es decir, sin la participación del FMI ni el visto bueno de los mercados financieros. La deuda pendiente no alcanza a 3000 millones de dólares, menos del 8 por ciento del total de la declarada en default en la crisis del 2001. El supuesto aumento de la pendiente a 12.000 millones de dólares, por intereses caídos, ignora que, el pago a los buitres habría desarmado la reestructuración de la deuda e implicado un premio a la especulación y el castigo, a la inmensa mayoría de los inversores, que facilitaron la recuperación de la economía argentina. Estaríamos, otra vez, como en la crisis del 2001.

2. Hace una década que los fondos buitre, tenedores del 50 por ciento de la deuda pendiente, vienen litigando contra el país. Plantearon el embargo de bienes argentinos, en alrededor de 900 demandas en diversos países. El hecho más sonado fue el de la fragata “Libertad”. No tuvieron éxito en ningún caso. El país mantiene relaciones económicas normales con todo el mundo. Los buitres son especuladores despreciados en el escenario mundial. Operamos en un orden internacional, dentro del cual la inmunidad soberana de los Estados pone límites a la extrapolación de la jurisdicción de tribunales nacionales sobre terceros países. La razonabilidad de la posición argentina ha sido respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la opinión de los analistas más destacados en el escenario internacional.

3. Los problemas principales de la economía están en la esfera interna: el déficit del comercio de manufacturas de origen industrial y la consecuente restricción externa, la inflación, el desequilibrio fiscal, entre otros. Ninguno se resuelve por el pago a los buitres.

4. El conflicto obedece a la ausencia de normas internacionales para resolver los default de deudas soberanas. La exitosa reestructuración de más del 92 por ciento de la deuda en default, cumple con exceso los límites para la resolución de las quiebras en las jurisdicciones nacionales. Las dificultades de tenedores de deuda reestructurada para recibir los pagos realizados por el gobierno argentino es responsabilidad de quien provoca la interrupción de la cadena de pagos.

5. La suposición que, después del arreglo con los buitres, van a llegar las inversiones, es una ficción. Ningún inversor, argentino o extranjero, que tenga un buen proyecto, deja de realizarlo por el conflicto con los buitres. El buen “clima de inversiones” depende de la gobernabilidad de la economía, la paz social, la seguridad jurídica, los espacios de rentabilidad y el ritmo de transformación de la estructura productiva para incorporar tecnología y agregar valor.

6. El pago a los buitres no es suficiente para que las agencias evaluadoras de riesgo mejoren la calificación de la deuda argentina, con la consecuente baja de la tasa de interés. Es previsible que exigirán, además, un plan económico y financiero respaldado por el FMI.

Es por estas y otras razones, que el acuerdo con los buitres no resuelve ningún problema fundamental ni garantiza la baja de la tasa de interés y la entrada de inversiones extranjeras. En resumen, el acuerdo es útil, porque remueve algunos obstáculos, pero no indispensable.

¿Cuáles deberían ser los límites de la oferta argentina? Los mismos que la de los canjes del 2005 y 2010, como lo planteó el gobierno anterior. Es una oferta generosa. Representa una excelente ganancia para los buitres, considerando el precio ínfimo al cual adquirieron sus títulos y los costos y pérdida de tiempo, que soportó el país, por pleitear con los buitres. Cuanto mayor sea el desvío de la próxima oferta del Gobierno respecto de ese límite, peor será la calificación que merecerán los actuales negociadores, en términos de la defensa del desarrollo, los derechos y la soberanía de la Argentina. El contenido del acuerdo revelará la inspiración del actual gobierno respecto de la autonomía de la política económica y la soberanía.

El Gobierno no debe hacerse ilusiones de que un acuerdo satisfactorio es posible por la “razonabilidad” de los buitres. El rechazo de estos al necesario carácter público de las negociaciones, es un primer ejemplo. Para defender con eficacia el derecho y los intereses del país, es indispensable que el Gobierno asuma la posibilidad de que no se alcance un acuerdo razonable y, los buitres, tomen nota que, en definitiva, no cobrarían nunca.

La negociación con los buitres es un primer paso en la definición de la estrategia de financiamiento internacional. Está planteada, al mismo tiempo, la alternativa de ratificar la soberanía recuperada con la cancelación de la deuda con el FMI o volver a solicitar su asistencia, con las condicionalidades incluidas. Es preciso, por lo tanto, que el Gobierno explicite la totalidad de su política de financiamiento internacional y la procese por las vías institucionales correspondientes.

Durante la “guerra fría”, el presidente Kennedy afirmó: “Nunca hay que tener miedo de negociar y nunca hay que negociar con miedo”. No hay razón alguna para que los negociadores del nuevo Gobierno actúen con “miedo”. Es decir, que supongan que el arreglo con los buitres es una cuestión de “vida o muerte”. Existe un nivel de deuda externa pública y privada entre los más bajos del mundo y los bancos están rentables, con carteras sólidas, fondeados en pesos, sin burbujas especulativas ni descalce de monedas. Podríamos estar más fuertes, si conserváramos el “superávit gemelo” en el presupuesto y el balance de pagos y aumentaran la reservas internacionales. De todos modos, el país conserva la fortaleza suficiente para negociar sin miedo ni urgencias.

* Profesor emérito. Universidad de Buenos Aires.

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La grasa Por Alfredo Zaiat

Los empleados públicos ya no son los malhumorados y vagos estigmatizados en el pasado por Antonio Gasalla, en lo que fue un aporte artístico involuntario para desprestigiar el papel del Estado en la sociedad. Ahora son ñoquis que pasan a cobrar por la ventanilla el 29 de cada mes sin trabajar. En la conferencia de prensa de ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sumó otra definición despectiva para personal estatal: son grasa. Y además son “grasa militante”. El ministro que intenta con escasa habilidad ser simpático con frases de Moria Casán, puntuando comentarios de uno de los periodistas elegidos para preguntar y cayendo en una laguna en la última pregunta, que lo obligó a dar por terminada la conferencia, expresó de ese modo que los despidos de empleados públicos forman parte de la estrategia de ajuste fiscal del gobierno de Mauricio Macri. Quedó en evidencia la concepción Prat-Gay acerca de una parte del empleo público: Es grasa sobrante en el cuerpo del Estado.

El empleo, público y privado, no parece ser una cuestión central en la estrategia de gestión de la economía del ministro. Ese desinterés lo dejó expuesto cuando se refirió a empleados estatales como “grasa que sobra”, al desentenderse de los despidos en empresas privadas y al advertir acerca de la posibilidad de la pérdida de puestos si la demanda en paritarias es más elevada que la tasa de inflación que él estima para el 2016.

Para bajar el déficit fiscal de 2,3 por ciento del PIB en 2015, que lo infló con contabilidad creativa hasta alcanzar el 7,0 por ciento con el único objetivo de sobrecargar la herencia económica para habilitar el ajuste, Prat-Gay informó que el reordenamiento del gasto implicará una reducción del déficit en 0,8 puntos porcentuales. Mencionó acciones sobre licitaciones irregulares que no precisó, en cambio se extendió con los denominados ñoquis. Aquí fue más explícito. Despedir empleados públicos, o en sus propias palabras: “Eliminar la grasa de la militancia”.

Varias compañías están reduciendo personal –metalúrgicas, Cerámica San Lorenzo, autopartistas, talleres textiles– y, ante una consulta acerca de esta situación, el ministro afirmó que es por culpa de la herencia de la economía kirchnerista. Si así fuera, cuestión que es discutible, el Estado exhibió en los últimos años una estrategia activa para frenar los despidos, que hoy está ausente con el macrismo. Mediante políticas específicas se pudo defender el empleo a través del plan Recuperación Productiva (Repro) que consistía en el pago de una porción del salario por un tiempo determinado por parte del Estado. O mediante subsidios directos por un lapso hasta la recuperación del mercado. Justificó despidos en empresas privadas por la supuesta pesada herencia del kirchnerismo. Para Prat-Gay es lógico entonces dejar desamparados a trabajadores.

Otro de sus mensajes al mundo del trabajo es que no tienen que ser muy exigentes con la demanda de recuperación salarial en paritarias luego del shock inflacionario que él provocó. El ministro difundió que la tasa de inflación esperada es del 20 al 25 por ciento. “Me tienen que creer” porque si no es así la economía “ajustará por cantidad”. Es la propuesta a sindicalistas y empresarios para fijar un techo a las paritarias. Advirtió que si no lo hacen y definen un aumento salarial más elevado que esos porcentajes ambos correrán riesgos. A las empresas les dijo que “venderán menos” y a los trabajadores los amenazó con que “habrá menos empleo”.

La economía que quiere Prat-Gay es con “menos grasa” pero no sólo del sector público. El adelgazamiento general del empleo está en función del ajuste fiscal y de establecer un nuevo estadio regresivo en la distribución del ingreso.

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La burocratización de las leyes educativas en argentina por Ethel Jancarik

Lenguaje de ficción y efecto en la cotidianeidad institucional

Justificación del problema:

Compartimos la idea de Achilli al considerar la necesidad de analizar las configuraciones cotidianas en relación a cierta lógica estructural que caracteriza determinada tendencia hegemónica de nuestro tiempo histórico. Entendemos en este sentido como contexto hegemónico también en sintonía con la autora el modelo neoliberal con sus características descriptas por numerosos autores entre las que consideramos como categoría central el corrimiento del estado de sus responsabilidades como garante de la educación pública. Este corrimiento da lugar a ciertos nuevos fenómenos en las instituciones educativas en las cuales se producen transformaciones básicamente en el lugar del conocimiento, en  la construcción de la identidad del ser docente y en la dinámica del  trabajo. Estos tres tópicos son redefinidos por el nuevo modelo con la consecuente, el corrimiento de lo pedagógico, construcción de una nueva identidad del sujeto docente y  la ruptura de los lazos sociales en su trabajo. En este contexto coincidimos también con Achilli en que se crea un lenguaje de ficción en torno a las reformas que solo viene a imponer prácticas burocráticas a las que las instituciones adhieren inmediatamente en la necesidad de obtener  los recursos económicos que se les ofrece a través de ellas. Se inicia así un proceso de verdadero corrimiento de lo pedagógico dando lugar a una dinámica de elaboración de proyectos que crea ese lenguaje de ficción que los docentes no deja  de percibir como falsedad ideológica impuesta que sirve de legitimación de los verdaderos intereses ocultos, aunque muchos otros sucumben ante esta ilusoria creencia y se adaptan restando horas de trabajo de los genuinas preocupaciones pedagógicas ante la necesidad de cumplir con la ejecución de dichos proyectos.     

 Antecedentes:

“Prácticamente toda experiencia humana es una experiencia mediada (...)  El lenguaje y la memoria están intrínsecamente conectados tanto en la rememoración individual como en la institucionalización de la experiencia colectiva”  Paul Coonnerton

Esta afirmación de Coonnerton nos aproxima a los antecedentes que queremos presentar. Anthony Giddens en “Los contornos de la modernidad reciente” señala que la experiencia medida de los tiempos modernos se caracteriza por la intromisión de sucesos distantes en la conciencia cotidiana, organizada en parte,  fundamentalmente en función de la noción que sostenga de ellos.   Para el análisis de la institución educativa partimos del concepto de Butelman para quien las instituciones son formaciones sociales y culturales complejas en su multiplicidad de instancias, dimensiones y registros. Sus identidades son el resultado de procesos de interrelaciones, oposiciones y transformaciones de fuerzas sociales y no de una identidad vacía o tautológica de la institución “consigo misma” . En este sentido reconocemos la historia de la escuela argentina que la autora también remarca en su carácter de obligatoria, laica  y gratuita en el marco de demandas luchas ideológicas que se ve quebrada por el neoliberalismo que pretende imponer la lógica de mercado como diría Telma Barreiro. Ida Butelman también señala la hegemonía que deriva del predominio que la organización social del trabajo que se tiene del modelo de la gran empresa. Segmentación flexibilización, separación entre dirección y otras partes del proceso que proponen las teorías gerencialistas que intentan imponerse en el campo de la gestión educativa. Pero debemos escapar de la pretensión de analizar las instituciones solo desde el plano teórico el conocimiento de lo  institucional afecta la vida de la gente y no puede limitarse solo a ese campo, el hecho de que las instituciones dice la autora se gesten por el quehacer humano también su reproducción y conservación.  Castoriadis recupera al sujeto como el que siempre ha estado ahí a pesar de las modas teóricas que lo han eliminado y traído de retorno. El sujeto, dice, nos está de regreso, porque nunca se había ido. Siempre ha estado aquí, ciertamente no como sustancia, sino como cuestión y como proyecto, así comprendida, la cuestión del sujeto es la cuestión del ser humano en sus innumerables singularidades y  universalidades. Esta idea de sujeto nos permite retomar la instancia de la sociedad como contexto reproducción y la instancia de los sujetos como actores esenciales de la escena institucional y la instancia institucional e interinstitucional como precedentes necesarios de toda formación institucional.  Nélida Landreani utilizó este concepto  de cotidianeidad en sus investigaciones, para ella  “la cotidianeidad cobra sentido solamente en el contexto de otro medio, en la historia, en el proceso histórico como sustancia de la sociedad (...) porque estamos hablando del sujeto particular que se desenvuelve en una trama en permanente construcción, delimitado por la vida cotidiana (conjunto de actividades heterogéneas) a la que accede por una permanente apropiación de los usos, costumbres, reglas, instituciones, necesarias para su supervivencia (...) la realidad social es producto de una construcción en la que se entrecruzan distintos procesos: de constitución del poder, de reproducción  de las relaciones sociales de producción y/o distribución de conocimientos, de vínculos interpersonales, de apropiación y control de reglas e instituciones, de existencia y lucha contra el orden instituido.”   

Volviendo a Giddens, éste autor teoriza sobre la conciencia práctica y  sobre ella dice que nos remite a que “las propiedades estructurales de sistemas sociales existen solo con tal de que formas de conducta social se reproduzcan. Los agentes humanos tienen como un aspecto intrínseco de lo que hacen, la aptitud de comprender lo que hacen en tanto lo hacen (...) Pero la reflexividad opera solo en parte en un nivel discursivo. Lo que los agentes saben sobre lo que hacen y sobre las razones de su hacer (...) es vehiculizado en buena parte por una conciencia práctica. Una conciencia práctica consiste en todas las cosas que los actores saben tácitamente sobre el modo de "ser con" en contextos de vida social sin ser capaces de darles una expresión discursiva directa(...) la rutina es un elemento básico de la actividad social cotidiana(...) y es el fundamento de la naturaleza recursiva de la vida social(...) y es vital para los mecanismos psicológicos que sustentan un sentimiento de confianza o de seguridad(...) introduce a los agentes una cuña entre el contenido potencialmente explosivo de lo inconsciente y el registro reflexivo de una acción producida( ...) La naturaleza situada de una interacción social se puede examinar con provecho en relación con las diferentes sedes a través de las cuales se coordinan las actividades cotidianas(...) estas sedes no son meros lugares sino escenarios de interacción(... ) para dar sustentos a los actos comunicativos. Una fijeza espacio-temporal normalmente implica una fijeza social, el carácter esencialmente dado de los medios físico de la vida cotidiana se entreteje con una rutina y ejerce una profunda influencia sobre los contornos de una reproducción institucional.”  Agnes Heller establece que si examinamos la vida cotidiana  desde el punto de vista de la relativa continuidad constatamos, que “en el proceso de socialización y de adecuación(...) en la vida cotidiana se determinan nuevas categorías, las cuales posteriormente o se conservan o al menos e despliegan por algún tiempo por lo tanto se desarrollan o bien retroceden. "                

Decimos con Elsie Rockwel que “la institución escolar adquiere existencia y continuidad en la medida que determinados sujetos colectivos la han conformado históricamente. La conformación del magisterio en diferentes épocas y lugares hace que la escuela asuma sentidos diferentes mediante contenidos y prácticas diferentes, a pesar de la continuidad formal y la normatividad única que definen a la institución. La heterogeneidad y la historicidad de lo cultural, tal como cobra existencia en el sentido común y en la práctica al interior de la escuela, permiten suponer que en el ámbito escolar también coexisten elementos de muy diverso origen: elementos compartidos por maestros y alumnos en la medida de su cercanía cultural o bien concepciones opuestas entre ellos, donde no siempre es claro cuál de las dos concepciones contiene las intuiciones de una filosofía del porvenir. Desde variadas presuposiciones culturales de los actores se comprenden, asimilan, reinterpretan, rechazan, los contenidos programados explícitamente para la escuela. En todo caso, la dinámica cultural al interior de la escuela dista de ser simple imposición o claro conflicto cultural (...) El sentido hegemónico o contra-hegemónico de los contenidos de hecho producidos o reproducidos en las escuelas de determinado lugar y tiempo es aún pregunta abierta.  El estudio de éstos contenidos culturales en la escuela debe atender tanto al discurso como a la práctica, con la certeza de encontrar muchos puntos de contradicción entre ambos”.             

Concebimos entonces a la escuela como un espacio de construcción de significados. José Tamarit realiza una interesante integración que nos permite ver como la escuela distribuye y crea discurso. Retomando  a  Gramsci sostiene que la escuela contribuye a la formación del habitus mediante la inculcación de un arbitrario cultural cuyos principios serán interioridades, incorporados por los sujetos sometidos a la acción pedagogía. Como también afirma Bourdieu “ningún enunciado científico sobre la realidad puede ser ajeno a la lucha por las clasificaciones y en la medida en que es divulgado está condenado a aparecer como crítico o como cómplice”.

Estas visiones están en medio de la lucha por las significaciones, lucha por la imposición de lenguajes, lucha por las representaciones sociales.

Preguntas de investigación: ¿Cuáles son las prácticas discursivas que circulan en la institución? ¿A qué refieren? ¿Cómo son las prácticas pedagógicas que predominan en la institución? ¿Cuál es el discurso que legitima esas prácticas? ¿En torno a qué discurso se configura la práctica pedagógica institucional? ¿Qué relación existe entre la cotidianeidad escolar institucional y los discursos hegemónicos que circulan? 

Supuestos de trabajo:

Para la construcción del objeto de investigación hemos recurrido a categorías teóricas de análisis institucional y del discurso proveniente de la sociología crítica y la teoría del lenguaje. Dichos conceptos nos han servido para elaborar las preguntas que orientarán la aproximación al campo. Los mismos han sido seleccionados tanto por el nivel de generalidad en el que se formulan como por la riqueza teórica que aportan y que pueden permitir realizar el trabajo etnográfico necesario para introducirnos en la empírea y luego analizar como lo entiende Elsie Rockell desde los mismo la riqueza de los datos. Nos hemos referido por tanto a los conceptos de cotidianeidad, habitus, sentido común, hegemonía, prácticas discursivas, sujeto social entre otros que podrán ir surgiendo a medida que avance el análisis. Creemos que los mismos pueden aportar en el inicio de la investigación una primera forma de aproximarnos al terreno ya que el investigador posee desde el principio supuestos que es necesario explicitar para garantizar la necesaria distinción entre empírea y teoría.